De género y guerra: nuevos enfoques en los conflictos armados actuales. Tomo II. Estudios sobre experiencias internacionales
Resumen
En un mundo cada vez más global y sistemáticamente fragmentado la guerra sigue generando víctimas. En esa realidad, hombres, mujeres y personas con identidades de género diversas han padecido los horrores de la lucha entre los seres humanos. Sin embargo, el sufrimiento de cada uno es diferente, precisamente, porque la mujer o las personas con una identidad de género diversa viven y sienten los conflictos de una forma distinta.
En este sentido, el propósito de esta obra es divulgar una serie de estudios y reflexiones sobre la guerra a partir de una perspectiva de género. El libro que usted tiene en sus manos, explora desde una visión interdisciplinar una serie de conflictos que han ocurrido en Sudáfrica, Palestina, El Salvador, la antigua ex Yugoslavia y Perú, con lo cual pretende nutrir las problemáticas y soluciones que se han desarrollado en otras latitudes.
Palabras clave: Conflicto armado, violencia de género, violencia contra las mujeres, víctimas de guerra.
On Gender and War: New Approaches to Current Armed Conflicts. Volume II: Studies of International Cases
Abstract
In an increasingly global and systematically fragmented world, war continues to generate victims. Thus, men, women, and others of different gender identities have suffered the horrors emanating from violent conflicts among human beings. Their forms of suffering vary, however, because women and people of other gender identities experience and suffer from these conflicts differently.
The goal of this work is to disseminate a series of studies and reflections on war from a gender perspective. It takes an interdisciplinary approach in exploring a series of conflicts in South Africa, Palestine, El Salvador, the former Yugoslavia, and Peru, hoping to enrich the understandings of the problems and the solutions that have been developed elsewhere.
Keywords: Armed conflict, gender violence, violence against women, war victims.
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Citación sugerida López Cárdenas, Carlos Mauricio; Canchari Canchari, Rocío Yudith y Rojas Díaz, Emilio Sánchez de (eds.). De género y guerra: nuevos enfoques en los conflictos armados actuales. Tomo II. Estudios sobre experiencias internacionales. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2017. DOI: doi.org/10.12804/tj9789587388923 |
De género y guerra
Nuevos enfoques en los conflictos armados actuales
Tomo II
Estudios sobre experiencias internacionales
Carlos Mauricio López Cárdenas
Rocío Yudith Canchari Canchari
Emilio Sánchez de Rojas Díaz
–Editores académicos–
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De género y guerra : nuevos enfoques en los conflictos armados actuales / Carlos Mauricio López Cárdenas, Rocío Yudith Canchari Canchari, Emilio Sánchez de Rojas Díaz, editores académicos. – Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2017. 3 tomos. – (Colección Textos de Jurisprudencia) Incluye referencias bibliográficas. Tomo 1. Estudios sobre el conflicto armado colombiano. – Tomo 2. Estudios sobre experiencias Internacionales. – Tomo 3. Estudios generales.
Conflicto armado -- Colombia / Violencia con las mujeres -- Colombia / Víctimas de guerra – Colombia / I. Canchari Canchari, Rocío Yudith / II. López Cárdenas, Carlos Mauricio / III. De Rojas Díaz, Emilio Sánchez / IV. Universidad del Rosario. Facultad de Jurisprudencia.
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Primera edición: Bogotá D. C., junio de 2017
ISBN Obra Completa: 978-958-738-886-2
ISBN: 978-958-738-888-6 (impreso)
ISBN: 978-958-738-892-3 (ePub)
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Interrogarse por el género —por lo general— significa un refinamiento en el análisis que permite identificar hipótesis, marcos teóricos y conclusiones que van a cimentar un entendimiento más acertado del fenómeno estudiado. Ese interrogarse parte de una premisa básica: la demostración de que la categoría género es pertinente y que la misma no va a distorsionar la comprensión de la materia bajo cuestión. Es indispensable reconocer que el género es una categoría de análisis más de la que puede echar mano el académico, el experto en políticas públicas o el legislador, entre otros actores. Por esa razón, recurrir a su uso debe pasar por la demostración de que sus supuestos van a propender por un mejor entendimiento de la situación analizada y no a oscurecerla por medio de la utilización del sexo, la sexualidad y la identidad sexual. Siempre que se utilicen ésta u otras categorías es imperativo detenerse a identificar qué es lo que posiblemente estamos dejando de ver por fijar nuestra atención en lo que significa el género en cierto contexto.
Hombres y mujeres y personas con identidades sexuales diversas han ido, padecido y sobrevivido las guerras desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, hasta hace muy poco nos hemos comenzando a preguntar si la comprensión, la regulación y la prevención de los conflictos armados deben pasar por una reflexión acerca del género. El cuestionamiento de dónde están y qué les pasa a las mujeres y los hombres en los escenarios de guerra y paz, qué papel juega nuestra sexualidad e identidad sexual en estos contextos y en qué medida influyen los conflictos armados en la determinación de las expectativas de lo que es lo femenino y lo masculino ha comenzado gradualmente a hacer parte integral de nuestra aproximación académica, jurídica, histórica y política a uno de los fenómenos más antiguos y persistentes de nuestra vida en sociedad.
Integrar en el estudio de la guerra la categoría género implica preguntarse por el papel que desempeñan el sexo, la sexualidad y las identidades sexuales en el escenario de los conflictos armados. Esta simple pregunta encarna un giro teórico que supone poner en el centro del debate al individuo y a la sociedad para complementar las nociones ortodoxas del ius in bello y el ius ad bellum. En ese sentido, se le da cabida a un análisis detallado de la configuración de las interacciones sociales alrededor de las nociones de lo que es ser hombre y mujer, heterosexual y homosexual y femenino y masculino, con el fin de determinar su impacto en el desenvolvimiento de las confrontaciones armadas.
Este libro, De género y guerra. Nuevos enfoques en los conflictos armados actuales, es una contribución significativa a la discusión de por qué razón es esencial tener en cuenta el género cuando se trata de comprender la guerra, su dinámica, regulación e impacto. La importancia de este trabajo radica en que ofrece argumentos serios desde distintos sectores, perspectivas y disciplinas que posibilitan y alimentan una reflexión sobre una tradición de pensamiento aún joven que en pocas décadas ha ido ganando solidez y generando conocimiento valioso que nos permite hoy comprender cómo la discriminación y diferencias de género se traducen, construyen y transforman en el escenario de los conflictos armados.
Lina María Céspedes Báez
Vicedecana - Facultad de Jurisprudencia
Universidad del Rosario
Bogotá D.C., 15 de abril de 2016
Claudia Hasanbegovic
Existe consenso alrededor del mundo de que la violencia contra las mujeres y las niñas1 (en adelante, VCMN) no solamente no ha disminuido respecto a décadas pasadas, sino que ha aumentado tanto en expresiones y cantidad como en mayores niveles de crueldad y “espectacularización”.2
Como ha sido reconocido por numerosas convenciones, estudios y campañas internacionales,3 la violencia contra las mujeres y las niñas afecta a más del 50 por ciento de la humanidad, ya que en forma actual o potencial y por el solo hecho de haber nacido con el sexo femenino, las niñas y mujeres son o serán víctimas de alguna forma de violencia de género a lo largo de su vida. Internacionalmente se sostiene que siete de cada diez mujeres padecieron violencia física o sexual en algún momento de sus vidas y hasta el 50 % de las agresiones sexuales fueron cometidas contra niñas menores de 16 años.4 Un estudio multipaís a nivel mundial halló que, en algún momento de sus vidas, entre el 10 y el 52 % de las mujeres sufrieron violencia física por parte de su pareja, y entre el 10 y el 30 % experimentaron violencia sexual.5 Investigaciones similares realizadas en América Latina y el Caribe6 indican una prevalencia de violencia de género física o sexual de entre el 11,7 % y el 53,3 %.7 En tanto que en El Salvador, un estudio realizado por la UTEC halló que el 26,2 % de las mujeres salvadoreñas habría sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas en algún momento de sus vidas.8
Algunas cifras de VCMN en El Salvador son impactantes: Cada tres horas se comete una violación sexual y nueve mujeres en promedio son agredidas sexualmente al día, cada diez horas una mujer es asesinada y dos de cada tres mujeres desaparecidas son encontradas luego, asesinadas, el 70 % de los casos denunciados por violencia sexual se comete contra niñas, niños y adolescentes y el 90 % de las víctimas son de sexo femenino y cuatro niñas entre 10 y 14 años y 32 entre 15 a 17 años se inscriben cada día para control prenatal.9 Además, y desafiando algunos mitos respecto a la violencia sexual, las cifras del Instituto Médico Legal (en adelante, IML) sobre un total de 4567 reconocimientos realizados a víctimas de agresiones sexuales entre enero 2013 y septiembre 2014, mostraron que en un 85 % de los casos (3881) el agresor era conocido de la víctima —especialmente pareja/ex parejas íntimas o familiares— y solamente un 15 % (686) eran hombres desconocidos.10
Al compás de los indiscutibles progresos para reconocer y proteger el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia tanto en la legislación internacional11 como la nacional12 en casi todo el globo el patriarcado ha ido desarrollando anticuerpos y desplegado nuevas expresiones de VCMN que se manifiestan con especial ensañamiento sobre los cuerpos de las mujeres y las niñas, especialmente visibles en el tráfico para explotación sexual y las violaciones sexuales y torturas que culminan en la muerte. El emblemático caso de los feminicidios impunes de Ciudad Juárez, en México a comienzos de los años 1990, es tal vez el primero de los escenarios que alertaron sobre el fenómeno del feminicidio comunitario —por oposición al más visibilizado feminicidio íntimo dentro de la pareja— en nuestra región.13 Éstos permitieron identificar condiciones que hacen posibles estas nuevas formas de VCMN, tales como el debilitamiento de las instituciones estatales, el incremento de situaciones de conflicto bélico no convencional —en ese caso causado por el narcotráfico— y de la violencia social, el neoliberalismo globalizado con su impacto en la feminización de la pobreza y la precarización de los trabajos, en un contexto patriarcal, sexista, clasista, donde además se intersectan otros ejes de discriminación y en el cual impera la tolerancia social a todas las formas de VCMN y la impunidad ante los delitos cometidos contra estas.14
El contexto mencionado permite hablar de “violencia feminicida”, tal como la tipifica el artículo 9 literal b de la LEIV, como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que conllevan la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violenta de mujeres”. Para configurarse la violencia feminicida serán necesarios tres elementos: a) la violencia de género contra mujeres y niñas, b) la violación a sus derechos humanos —es decir, el accionar directo por parte de agentes estatales y/o la tolerancia de éstos a los actos de violencia ejercidos por actores privados— y c) el conjunto de conductas misóginas que llevan a la impunidad social o del Estado.
El Salvador carga con la herencia de una cruenta guerra que duró doce años (1981-1992). Guerra que concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz firmados en Chapultepec (México) el 16 de enero de 1992. El 23 de enero de dicho año fue aprobada la Ley de Amnistía, que se denominó Ley de Reconciliación Nacional, y que concedió amnistía a todas las personas que participaron en delitos políticos, comunes y conexos, cometidos antes del 1o de enero de 1992.15 Esta ley facilitó “la pacificación”; pero, también selló la impunidad de horrorosas masacres que han sido condenadas internacionalmente.16
La situación de post-guerra se interrelaciona con un patriarcado —ya existente en la cultura salvadoreña— y que, seguramente se vio reforzado como consecuencia directa de la guerra, como ha sido documentado para el caso guatemalteco y otras regiones del planeta17—. Estas relaciones patriarcales, sugerimos, se han profundizado por interpretaciones muy conservadoras de la religión cristiana (en sus versiones católica y evangélica), en un país con casi un 90 % de población practicante de ésta, y por el propio accionar de las maras o pandillas.18 Las maras, además, serían las causantes de los altos niveles de violencia social e inseguridad que se viven en el país. Según datos oficiales
[...] el 20 % de la población manifiesta haber sido víctima de algún delito durante los últimos doce meses y el 68 % percibe a la delincuencia como el principal problema del país [...] El 90 de la población se siente insegura en los lugares públicos; el 6 % evita ciertos lugares de recreación; el 40 % limitó los lugares de compra que frecuenta; el 37 % ha dejado de acudir a espacios de recreación y el 14 % considera que necesita cambiar de colonia para resguardar su seguridad”.19
En ese contexto se da una marcada “militarización” de la vida diaria, mediante políticas desplegadas por las diversas administraciones para combatir la delincuencia y la violencia de las maras pero que también afecta a las mujeres y las niñas, haciéndolas más vulnerables a abusos de poder y violencia por parte de efectivos militares y de seguridad.20
Complementa el panorama expuesto, entre otros, uno más de los legados de la guerra con la impunidad por las horrorosas masacres cometidas durante la misma y que parece haber afectado seriamente la capacidad de movilización de la sociedad civil en su conjunto.21 Es así que resulta difícil imaginar que en las adversas condiciones que presenta El Salvador exista un grupo de mujeres sobrevivientes de violencia de género que, desafiando el statu quo, se capaciten para defender y asistir a otras congéneres que enfrentan hechos de violencia: las Defensoras de derechos humanos de las mujeres (en adelante, las Defensoras).
El Salvador, como se puede apreciar, resulta ser un excelente entramado desde el cual analizar la VCMN, validar hipótesis teóricas y, fundamentalmente, visibilizar y explorar el trabajo de las Defensoras de derechos humanos de las mujeres. Feministas como Marcela Lagarde, Rita Segato, Jules Falque, entre otras, han abordado la vcmn dentro del neoliberalismo, la post-guerra y las nuevas formas de la guerra en la región latinoamericana. Dichos trabajos resultan útiles para el objetivo al que humildemente aspiro con este ensayo, el cual es visibilizar la vcmn en El Salvador y su respuesta desde las propias mujeres sobrevivientes y que me permiten argumentar que las Defensoras constituyen un efectivo mecanismo de respuesta a la vcmn, una célula de democracia imprescindible que también constituiría una barricada contra el avance de las organizaciones subterráneas del crimen organizado y las maras o pandillas.22
Lejos de cualquier reflexión exhaustiva o especializada sobre El Salvador, las Defensoras y su respuesta a la vcmn en el país, este ensayo se alimenta de mi trabajo de campo23 residiendo por los últimos tres meses del año 2015 en El Salvador,24 consciente de las limitaciones dadas, por ejemplo, por la corta duración de mi estadía y mi ubicación como “outsider“ en la investigación que, si bien permite mayor objetividad para ver algunos temas, carece de profundidad en el conocimiento de la cultura, la historia reciente y demás factores contextuales que aquí exploro. No obstante ello, durante mi estadía en El Salvador pude experimentar en carne propia la omnipresencia de “las cruces, los rifles y los volcanes” como escenario en el que se desenvuelve la vida, la libertad, la movilidad física de las mujeres —incluyendo la propia— y los riesgos de ser víctima de diversas formas de violencia en los ámbitos privado, comunitario o público por el solo hecho de ser mujeres. Estas constataciones resultaron chocantes ante la existencia de un creciente cuerpo de leyes nacionales con perspectiva de género, que son vanguardia en el continente,25 a cuya elaboración contribuyeron el movimiento de mujeres y feministas.26 Estas leyes promueven el acceso de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia y trazan lineamientos para políticas públicas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Organizo este ensayo, de la siguiente manera: 1) contexto nacional donde ocurre la vcmn, 2) una aproximación a la dimensión y expresiones de la vcmn, 3) las Defensoras y el análisis teórico de su trabajo y, por último, 4) una conclusión.
Según UNFPA El Salvador27 cuenta con 6500000 habitantes, el 53 % de las personas son mujeres, 2 millones de personas son adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años de edad, 7 de cada 100 hogares viven en la pobreza extrema y 23 viven en pobreza relativa.
Han sido numerosos los esfuerzos implementados por los recientes Gobiernos salvadoreños en materia de distribución equitativa del ingreso y mejora de la situación socio-económica de la población. Sus lineamientos pueden observarse en el “Plan de Acción Quinquenal para el Desarrollo de El Salvador (2014-2018)”28 y se expresan en políticas como
[...] los paquetes escolares para todos los alumnos y alumnas hasta el bachillerato; el programa de una computadora para cada niño o niña; los programas Ciudad Mujer. Y logros económicos reales: la auto suficiencia en granos básicos desde hace seis años; haberse convertido a El Salvador en el país con mayor crecimiento de las exportaciones en América Latina en el 2015; una disminución comprobada de la desigualdad medida, siendo hoy el segundo país más equitativo de América Latina; la expansión de la salud y educación públicas […]”.29
Los avances de El Salvador en el campo de la inclusión social han sido reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT) que asocia los mismos al Sistema de Protección Universal introducido en 2009,30 y que desde el año 2014 está respaldado por la Ley de Protección Social que cubre las áreas de salud, alimentación, seguridad del ingreso y capacitación laboral.31 Por otra parte, el programa Ciudad Mujer32 es apoyado por el BID33 y se halla en vías de replicarse en otros países de América Latina.34
Estos avances se suman a un creciente cuerpo normativo con perspectiva de género que está a la vanguardia en el continente en materia de igualdad de género, acceso a una vida libre de violencia, protección a niñas, niños y adolescentes y que incluye la Política Nacional para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en adelante, PNVLV). Sin embargo, muchas veces estos logros quedan opacados por la inseguridad existente en El Salvador. Asimismo, existen obstáculos para que las mujeres y niñas accedan a una vida libre de violencia. Estos escollos tienen que ver con la forma en que se aplican las leyes y las políticas y con la autonomía económica de las mujeres. Así, se ha documentado la resistencia de algunos/as funcionarios/as y operadores de justicia encargados de aplicar las nuevas leyes.35 En tanto que la población femenina sin ingresos propios en el área urbana es del 29,6 % y de un alarmante 42,3 % en el área rural, el 45 % de las mujeres no tiene ingresos suficientes para sostener a sus hijas/os, ni cuenta con vivienda propia, servicios de electricidad ni similares y el 12,2 % presenta estados de depresión y tristeza producto de esta situación.36 Se suma a ello el peso de la maternidad en soledad —cuando fue causada por violaciones—, la paternidad irresponsable y la violencia patrimonial. Según datos de la Procuraduría General de la República, “no pagar la alimentación para las/os hijas/os” fue el principal tipo de violencia patrimonial por el cual consultaron las mujeres a esa dependencia, y la segunda forma de violencia, con un 28 % del total (siguiendo a la violencia psicológica, que representó el 50,70 % de las mismas) de denuncias por violencia familiar.37 Esa forma de violencia patrimonial impacta directamente en el nivel de vida de los hogares monomarentales.38
La violencia social y la inseguridad mencionadas, más allá de poder ser sobredimensionadas por algunos medios de comunicación,39 se evidencia en las cifras de asesinatos anuales, que para el 2015 mostraron a El Salvador como el país “sin guerra”, más violento del planeta, con 100 homicidios cada 100000 habitantes.40 Este contexto de violencia social afecta a toda la población, pero a las niñas y a las mujeres las afecta con mayor fuerza pues pone en un plano de menor jerarquía las violaciones a sus derechos basadas en su género,41 el acceso a los recursos asistenciales, y las repuestas estatales en dicho ámbito incluyendo el acceso a la justicia y a la investigación y castigo de los responsables y prevención de futuros hechos de violencia. “La guerra continúa” fue la frase que en diversos ámbitos —desde la calle, el mercado o el profesional— escuché repetidamente en El Salvador. Y ya ha sido documentado que, en las guerras, la violencia contra las mujeres y niñas debido a su género se incrementa, se naturaliza y se reproduce con la mayor naturalidad.42
La violencia social y la vcmn en El Salvador reconocen como antecedentes relaciones de género patriarcales marcadas por la “cultura del honor”43, la cual está directamente asociada a la vcmn, ambas son compatibles con las estructuras de crimen organizado: “Las estructuras de las mafias y de la masculinidad (patriarcal) son perfectamente análogas”44 y esta última es funcional a las primeras.45 Todo ello se da en un entramado muy religioso,46 con interpretaciones extremas en materia de derechos de las mujeres que logró incidir en 1998 en la prohibición absoluta del aborto —como veremos más adelante—, en un país donde el 88,6 % de la población profesa su religión y le dan un alto grado de importancia a la misma.47
Junto con otras autoras48 que se refieren a los feminicidios como legado de la guerra civil en Guatemala, sostengo que también en El Salvador la impunidad por los crímenes y masacres cometidos durante la guerra que desde entonces tiñen la era post-conflicto son fuentes estructurales de la violencia social y de la vcmn. Al igual que la violencia sexual como arma de guerra es posible por las relaciones patriarcales y la desigualdad de género, clase y etnia estructurales preexistentes en la sociedad salvadoreña, ésta se expresa en la post-guerra en el control de la sexualidad femenina y las agresiones sexuales y feminicidios cometidos tanto en los ámbitos privados, como comunitarios y públicos. Baste ilustrar para ello el surgimiento de “las maras” durante la post-guerra, directamente asociado a la guerra49 y de las modificaciones de la Constitución y del Código Penal en dicho período, en los que intervinieron los cabildeos de la jerarquía católica y otros grupos “pro-vida“, obteniendo un retroceso para las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva con la prohibición absoluta del aborto.50 La Constitución estableció el comienzo de la vida humana a partir de la concepción y se derogaron del Código Penal las formas hasta 1998 permitidas de aborto (terapéutico, eugenésico o por violación), abriendo así la persecución penal de cientos de mujeres pobres por motivos de aborto, e incrementando los riesgos para su salud.51 Dice Silvia Juárez, feminista de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), que ese escenario se completa con las “marcadas desigualdades de las mujeres al acceso y control de recursos, participación política, acceso al empleo, autonomía sobre sus cuerpos y en general, en todos los planos de la vida”, y con la complicidad social dado todo ello por “un imaginario de odio contra las mujeres, tolerado y promovido en la familia, la escuela, la comunidad, los medios de comunicación“ y por una suerte de tolerancia y complicidad estatal52 frente a la minimización de los crímenes hacia las mujeres.53
Respecto de “las maras”, se habla de la existencia de dos grandes maras, la MS-13 (Mara Salvatrucha) y Calle 18, y su origen suele presentarse asociado a la migración de jóvenes a Estados Unidos durante la guerra vivida en El Salvador. Beat Schmid dice que el fenómeno de las maras se ha ido gestando en las últimas dos o tres décadas y tiene que ver con pandillas juveniles que se generaron en Estados Unidos. Fundamentalmente hijos de refugiados salvadoreños que vivieron en Los Ángeles y se integraron a pandillas allá, [...] y se organizaron como pandillas para defenderse en una sociedad que los rechazaba. Se volvieron delincuentes. Algunos de ellos regresaron deportados a El Salvador [...] Ahora hay dos principales maras que se combaten entre si y que impactan en toda la sociedad. Y se ha ido agudizando ya que ni la sociedad ni el Estado han dado respuestas adecuadas. “[...] Se unen entre ellos y comienzan a desarrollar la hegemonía social de las maras que implica proteger su sector y exigir el pago de una renta a los pobladores, acumulando así un poder económico producto de la extorsión. La población trata de arreglarse con esas dos maras para sobrevivir. El Estado tiene presencia débil en esos barrios. En 2015 hubo 60 policías muertos por las maras.54”
En líneas similares, la Concertación Feminista Prudencia Ayala agrega que “El recrudecimiento de la violencia social desde las pandillas, ha traído consigo asesinatos de mujeres, mayoritariamente jóvenes con todo tipo de saña (violaciones, mutilaciones y otras señas de torturas), nuevamente tomadas como objetos de venganza. Por lo que las mujeres en la actualidad, se ven inmersas en otro tipo de conflicto armado que las coloca en condiciones de alta vulnerabilidad. Y, es por ello que, aun cuando no existe una guerra declarada, las condiciones de conflicto armado e inseguridad son tales que harían aplicables la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas55 (en adelante, Resolución 1325), y podría aplicarse a esta nueva situación de violencia social, de delincuencia común y de crimen organizado que vive el país ya que, la inseguridad asociada al armamentismo, el narcotráfico, la militarización, la trata y la mercantilización de la seguridad se consideran como las nuevas amenazas a la seguridad”.56
Otro impacto de la violencia social relacionada con las maras recae sobre niños, adolescentes y jóvenes, especialmente aquellos que son pobres o que viven en territorios ocupados por las maras, ya que están expuestos a sufrir presiones y extorsiones de las mismas para ingresar a sus filas cuando llegan a cierta edad57 y la estigmatización de esta población por parte de la Policía y las Fuerzas de Seguridad, quienes, por ser jóvenes y pobres, los asocian con las maras.58 Esto lleva entre otras cosas a la deserción escolar, al desplazamiento interno de las familias, a la migración y al asesinato.59
UNFPA60 sostiene que la tercera parte de la población salvadoreña vive en el exterior; constituyendo las mujeres y las niñas el 50 % de las personas migrantes.61 La violencia social, las maras, la falta de empleo o de buenos empleos, la violencia intrafamiliar contra la niñez, son factores contextuales de la VCMN que también favorecen la migración.62 A su vez, la migración favorecería la desintegración del tejido social y familiar, lo que, unido a condiciones tales como niveles de personas empleadas en el comercio informal, se relaciona con altos niveles de homicidios. Carcach analizó resultados cuantitativos del mapa de la violencia en El Salvador diciendo que:
[...] la informalidad [laboral] fomenta ambientes en donde el crimen y la violencia son tolerados y requeridos [...] ni la Policía ni la judicatura hacen cumplir las leyes o protegen los derechos de propiedad. Por el contrario, hay una variedad de mecanismos que se extienden desde el control social hasta el crimen organizado. [...] Una conclusión más razonable es que la concentración de desventaja fomenta ambientes donde la informalidad emerge como un medio de generación de ingresos y crea condiciones para el desarrollo de mercados ilegales que a su vez resultan en índices más altos de violencia.63
De esta manera se daría un círculo vicioso de violencia social y de género que se retroalimentan y que continúa en el camino migratorio64 y muchas veces en el país de destino. Tal como lo ilustra la siguiente síntesis de entrevista a Barbara Hines,65 abogada estadounidense que representa inmigrantes latinoamericanas en su país:
En 2014 llegaron unas 60000 mujeres con sus hijas/os y más de 60000 niñas/os no acompañadas/os a Estados Unidos desde el llamado “triángulo norte” de Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde existe un nivel altísimo de violencia, falta de protección estatal y una presencia casi absoluta de las maras, que gobiernan como un Estado paralelo [...] Entre las principales causas [...] está la violencia de género, mas no limitada a los lazos de pareja [...] sino y muy especialmente la relacionan con el accionar de las maras, que secuestran o toman a mujeres jóvenes para la esclavitud con fines de trata para explotación sexual, bajo amenaza de matarlas si se niegan o de hacerles algún daño a sus familias si no se incorporan como las mujeres de los mareros.
Como conclusión de esta sección reproducimos el esquema conceptual desarrollado por Las Dignas sobre la vcmn en El Salvador.
Fuente: Figura 7.1. en Las Dignas, Violencia contra las mujeres.
Como mencioné previamente, El Salvador ha logrado avances substanciales en materia de legislación con perspectiva de género para el acceso a la igualdad y a una vida libre de violencia para las mujeres y la niñez, entre ellos se encuentran la sanción de la LEIV —que ha sido encomiada como vanguardista por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la CIDH)—, la sanción de la PNVLV, el establecimiento de la Comisión Técnica Especializada (en adelante, CTE ), encargada de llevar adelante las políticas propuestas en la LEIV y encargada de la producción de la PNVLV, la LIE, la LEPINA y sus mecanismos de coordinación y protección, entre otros, y un modelo de atención de servicios de atención integral.66
De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la LEIV se ha convertido en modelo para la región por cuanto reconoce un amplio catálogo de derechos de las víctimas, tipifica una serie de delitos relacionados con la violencia sexual y otras formas de violencia, determina criterios de interpretación jurídica basados en los derechos humanos de las mujeres, sienta las bases de la política pública para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, señala la necesidad de contar con datos estadísticos para la toma de decisiones, establece un fondo económico para la reparación y otorga una serie de garantías procesales para las víctimas de la violencia.67
Sin perjuicio de los loables avances legislativos y en materia de políticas públicas para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, se hace necesario señalar también los obstáculos encontrados para transformar las leyes en una realidad de verdadera garantía de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Diversas fuentes68 han encontrado problemas tales como a) la falta de prioridad y de consideración de la VCMN por parte de los órganos del Estado como una grave problemática de seguridad ciudadana y violación de los derechos humanos, b) el enfoque de algunas de las políticas públicas no es integral pues no contempla la prevención de la violencia, c) la débil coordinación inter-institucional en el abordaje de la problemática y los pocos avances en el empoderamiento de las mujeres. Los estudios citados hallaron problemas específicos en vcmn, como d) la resistencia por parte de jueces y juezas a utilizar los tipos penales de violencia contra las mujeres por razones de género como feminicidio, e) falta de sensibilidad y de especialización de parte de los/as operadores judiciales, que —junto con la falta de recursos económicos que faciliten a las víctimas y sus familiares sostener las denuncias y procesos judiciales— obstaculiza el acceso a la justicia de las víctimas, f) la debilidad en procesos que la ley manda, como son la generación de estadística, la falta de estudios confiables sobre vcmn y la necesidad de contar con recursos especializados en todas sus áreas de intervención, g) una extendida impunidad para los hechos de vcmn, generada fundamentalmente por una interpretación judicial de los hechos impregnada de sexismo y misoginia.69
Completamos esta revisión con algunas de las conclusiones de la investigación del ISDEMU sobre los obstáculos para investigar y juzgar los feminicidios:
a) Las muertes violentas de mujeres se encasillan en muchos casos como parte de la violencia social y no se visibilizan sus características propias de violencia de género.
b) Existen deficiencias en la especialización, profundización y sensibilización de la teoría del delito de feminicidio por parte de las/os funcionarias/os encargadas/os de investigar y sancionar.
c) La invisibilización de la VCMN, los prejuicios, los patrones sexistas y la falta de sensibilización limitan la aplicación e interpretación adecuada de la LEIV y de los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres.
f) Se hallaron deficiencias en los mecanismos de protección de las mujeres, siendo imprescindible contar con mecanismos de control, supervisión y vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas de protección a favor de las víctimas.
g) Por último, es importante que se investiguen todas las muertes violentas de mujeres con base en el protocolo de actuación para la investigación del feminicidio.70
Es importante resaltar, por un lado, que los mencionados son problemas consistentes en América Latina y el Caribe para el acceso de las mujeres víctimas de violencia a la justicia71 y que el Estado salvadoreño es consciente de estos obstáculos y realiza numerosos proyectos y acciones encaminados a solucionarlos.72
No obstante el sólido andamiaje legal, fruto de la consulta y del trabajo conjunto con el movimiento de mujeres y feministas, persisten grandes desafíos en materia de la vcmn, lo cual se aprecia en las estadísticas.
El Estado salvadoreño está trabajando arduamente en consolidar un sistema centralizado y homogeneizado de datos sobre la vcmn en el país y, dado que es un trabajo que aún no concluyó, la información registrada por las diversas instituciones provee solamente una aproximación al panorama de la misma. Las que siguen son cifras de algunas de las formas de vcmn sobre las que existe mayor registro y que son brindadas por las instituciones públicas73 encargadas de dar respuesta jurídica, sanitaria y psicosocial. Por límites de espacio no abordamos aquí la vcmn que enfrentan grupos especialmente vulnerables de mujeres y niñas, como los colectivos LGTBI, mujeres adultas mayores, en prisión, con VIH/sida, con discapacidad, trabajadoras del hogar y sin remuneración, en situación de prostitución, víctimas de explotación sexual, maquiladoras, rurales e indígenas,74 ni tampoco aquellas que sufren las Defensoras, pues exploramos ésta en la siguiente sección.
El panorama que sigue señala la prevalencia de varias expresiones de VCMN, destacando la violencia sexual, los feminicidios, y la violencia física y psicológica en la pareja. Para muchas de las expresiones de violencia se señalaron las niñas en la franja 0 a 19 años como las más damnificadas.
2.2.1. Feminicidios y muertes violentas de mujeres
2.2.2. Violencia física77
2.2.3. Violencia institucional: impunidad
Como sostiene la PDDH78 existe un vínculo crítico entre una adecuada protección judicial y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que debe ser garantizado por el Estado a través de cuatro obligaciones: prevención, investigación, sanción y reparación, a fin de evitar la impunidad. Además, debe proveer atención médica y psicológica. No obstante ello y las recomendaciones internacionales recibidas al respecto,79 se sugiere que aún existe un alto nivel de impunidad.
En materia de condenas, por ejemplo, en 2014 se judicializaron 3553 casos por delitos contra la libertad sexual, pero solamente 338 resultaron en condenas (aproximadamente 9,5 %), en tanto que se judicializaron 90 casos por feminicidio contra 124 imputados, pero al momento de aplicar la pena solamente 15 resultaron condenados, considerando que las investigaciones llevaban en ocasiones más de una década. Ello lleva a fuertes críticas a la labor de la FGR, tanto por la sub-tipificación de los delitos de feminicidio como por la celeridad y debida diligencia en la investigación de los delitos sexuales.80
En líneas similares, pero abarcando ya todos los pasos y actores del sistema judicial para el acceso a justicia de mujeres víctimas de violencia de género en la pareja el Tribunal de Conciencia realizado en San Salvador el 29/9/2015,81 en el caso juzgado, halló
[…] un continuum de violencia, generada de manera directa por el ex cónyuge, un familiar de éste y por diversas autoridades del Estado de El Salvador, que involucran a jueces y juezas de la jurisdicción de familia y de Paz, a la Policía Nacional Civil, personal de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República, a pesar de que estas instituciones tienen el deber de garantizar a las mujeres sus derechos fundamentales [...].82
2.2.4. Violencia sexual y violación a los derechos de salud sexual y reproductiva
Las Defensoras de derechos humanos de las mujeres son mujeres empoderadas, muchas de ellas sobrevivientes de diversas formas de VCMN o que participan en organizaciones de base, feministas, de mujeres, etc. Se trata de mujeres que residen en barrios, por lo general, barrios populares o áreas rurales y que han recibido una sensibilización y capacitación en género, leyes y derechos, incidencia política y atención emocional a sobrevivientes de la violencia.
De las entrevistas surgió que las Defensoras surgieron como parte de un programa de una organización no gubernamental feminista denominada Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (en adelante, IMU)90 y en la actualidad, son invitadas a ser Defensoras por el ISDEMU, que junto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos les brinda capacitación y sensibilización para realizar sus tareas. Así recuerda el comienzo del proyecto de Defensoras la profesora Deysi Cheyne Romero, ex directora de IMU y promotora de dicho modelo:
El modelo que diseñó el IMU se llamó “Defensoras Populares Para la Prevención y Atención de la Violencia de Género”.91 Fue en el 2005, en el marco de un programa de atención a la violencia que abrió Oxfam América en El Salvador. Ellos invitaron a hacer propuestas diversas y el IMU, junto a 5 ONGs más, presentamos nuestras ofertas. La del IMU fue muy bien recibida por novedosa y oportuna. Este programa de Oxfam se concretó luego en una Campaña de Incidencia que nombramos “Entre vos y yo, una vida diferente92”