A Montse y a Hoki

Temas: Políticas educativas

Jurjo TORRES SANTOMÉ

Políticas educativas y construcción de personalidades neoliberales y neocolonialistas

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Asumir un modelo de sistema educativo implica esperar que sirva para la realización de unas determinadas funciones de cara a hacer realidad un proyecto político de sociedad que consideramos el más apropiado y acorde para continuar esforzándonos en la construcción de una sociedad y un mundo cada vez más justo, democrático, fraternal, solidario y sustentable.

La dimensión de ciudadana y de ciudadano es una conquista social típica de una democracia que coloca en primer plano atributos de equidad, justicia e igualdad de derechos. Es por este rasgo democrático, peculiaridad inconfundible, por el que no se pueden tolerar las desigualdades humanas ni tampoco asumir que pueden existir estas. Dicho esto, la detección de las desigualdades e injusticias humanas es algo que conlleva una ciudadanía educada para prevenirlas, y atenta a detectarlas y a resolverlas, y nunca dispuesta a asumirlas como irresolubles o “naturales” con un destino sujeto a los caprichos de un sistema (neoliberal, conservador y neocolonialista) excluyente.

De lo que se trata es de asumir los compromisos que se derivan de la consideración de ser ciudadanas y ciudadanos, o sea, de ser agentes activos e interdependientes, que vivimos y trabajamos juntos en favor de proyectos de sociedad que debatimos y decidimos democráticamente y que tratamos de hacer realidad. Como señala Jerome BRUNER (1997, pág. 111), “la mente agencial no solo es activa por naturaleza, sino que además busca el diálogo y el discurso con otras mentes activas. Y es a través de ese proceso dialógico y discursivo por el que llegamos a conocer al Otro y sus puntos de vista, sus historias. Aprendemos una enorme cantidad, no solo sobre el mundo, sino sobre nosotros, a través del discurso con Otros”.

Una política guiada por principios de justicia social precisa apostar por políticas de redistribución, de reconocimiento y de participación. Una triada de metas que cobran especial urgencia en un mundo caracterizado por una muy desigual e injusta redistribución de recursos y de posibilidades, por el agrandamiento de brechas entre los que más tienen y los que menos, por la concentración de la riqueza en muy pocas manos y países (Thomas PIKETTY, 2014; Joseph E. STIGLITZ, 2012; Paul KRUGMAN, 2012; Yanis VAROUFAKIS, 2015). También por graves déficits en políticas de reconocimiento, en la medida en que las instituciones públicas tratan de modo muy diferentes a unos colectivos y a otros; que a unos los valoran y respetan, mientras que a otros los degradan, humillan y/o practican claramente políticas de exclusión; una situación que a su vez reproducen y mantienen las políticas “oficiales” hegemónicas y que, paralelamente, los distintos colectivos sociales existentes en esa sociedad también aplican en sus interacciones y relaciones interpersonales e intergrupales (Axel HONNETH, 1997; Avishai MARGALIT, 2010; Nancy FRASER y Axel HONNETH, 2006). Estamos en medio de políticas neoliberales, neocolonialistas y conservadoras que están impulsando todo un complejo de medidas nacionales y supranacionales que conllevan la mutilación de derechos de participación, la devaluación de la participación democrática y las enormes dificultades para poder participar en la toma de decisiones de todo aquello que nos atañe como ciudadanía (Pierre ROSANVALLON, 2007, 2013; Stéphane HESSEL, 2011; Manuel CASTELLS, 2015). Los déficits en estas tres dimensiones —redistribución, reconocimiento y participación— son las que convierten en palabras vacías, mantras adormecedores a conceptos como democracia, justicia, solidaridad, comunidad, etc. Es este ambiente de injusticias la característica fundamental del telón de fondo político, legislativo y normativo mediante el que se facilita la conformación de personalidades egoístas y egocéntricas, algo que los modelos neoliberales, conservadores y neocolonialistas verán con muy buenos ojos y buen pronóstico.

La confusión y la desesperanza en las que acaba sumida la inmensa mayoría de los seres humanos lleva incluso a despistarlos y, lo que es todavía peor, convertirlos en partícipes pasivos e inconscientes de esa transformación y destrucción de todo lo público, de su dimensión política. Personas que se perciben a sí mismas sin poder, sin posibilidades, sin formación, ni información, ni capacidades para participar en el control de un planeta que describen como mundo desbocado (Anthony GIDDENS, 2000). Algo que explica, a su vez, algunos de los grandes males del presente, como la ansiedad, la depresión y la completa impotencia. Las interdependencias no solo de las esferas económicas de todos los países, sino también de los modelos culturales y sociales, de las tradiciones, los sistemas y las reformas educativas, modelos de producción y de acceso al conocimiento, afectan como nunca antes a nuestras vidas cotidianas. Los efectos de esta globalización neoliberal, conservadora y neocolonialista los vemos con claridad en la actual crisis económica mundial. Hasta una de las expresiones más pronunciadas en el momento presente, la “volatilidad de los mercados”, es una buena muestra de esta sensación de descontrol por parte de las estructuras administrativas y jurídicas delegadas por los gobiernos democráticos para llevar a cabo políticas de vigilancia, de análisis, de seguimiento y de toma de decisiones; de los riesgos derivados de la mayor complejidad de los entramados institucionales; de la cesión de poderes que llevan a cabo nuestros gobiernos ante la presión internacionalizadora promovida por instituciones supranacionales en manos de equipos neoliberales y neocolonialistas, etc.; todo ello viene ocasionando múltiples efectos inesperados e indeseables (cambio climático, desaparición de especies, conflictos bélicos, fabricación y distribución de armamento cada vez más peligroso, aumento de la pobreza extrema en determinados países fruto de empresas depredadoras y de relaciones internacionales basadas en tratados y acuerdos corruptos típicos de una economía colonialista y especulativa; crecimiento del racismo, del sexismo, de la homofobia, etc.).

Ante un panorama como este, la preocupación por entender las funciones y el modo de operar de los sistemas educativos y, también y sobre todo, las razones por las que un porcentaje muy importante de niñas y niños son etiquetados como fracasados escolares y expulsados de las instituciones educativas constituye una de las cuestiones más urgentes que necesita ser abordada de manera inaplazable en las sociedades del momento presente. No podemos pasar por alto la importancia, la urgencia y la prioridad de la educación y de la información en los nuevos modelos de sociedad en los que vivimos.

Estamos ante una de las temáticas que más controversias genera, dado que en su trasfondo se encuentra la exigencia de interrogarnos también acerca del modelo de sociedad que consideramos ideal y, por tanto, hacia el que debemos dirigir nuestros análisis, esfuerzos, nuestras reflexiones y acciones intencionadas. Una prueba de ello la podemos constatar en estos últimos cursos académicos, en los que ya podemos desvelar con notable claridad la agenda oculta de la última reforma educativa española, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE, 2013), que el gobierno de Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, plantea como alternativa. Una ley que tanto desde los primeros momentos en los que se hace público su primer borrador —Anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (11 de julio de 2012), aprobado poco después por el Consejo de Ministros del 21 de septiembre de 2012—, como durante todo el tiempo de su sometimiento a debate público, sus trámites parlamentarios y su aprobación únicamente con los votos del Partido Popular, estuvo acompañada de un clima generalizado de protesta en toda la comunidad educativa y, en general, en toda la sociedad; una prueba de este desacuerdo son las constantes protestas de profesoras y profesores, de la mayoría de las familias, de estudiantes y, en general, de todas las personas y profesionales interesados por cuestiones educativas y, más en concreto, por asegurar la oferta y la calidad de la Educación Pública. Este clima de repulsa generalizado dio como resultado un acuerdo público del resto de los partidos del Parlamento español de llevar a cabo su derogación en el momento en el que el PP deje de tener mayoría parlamentaria; situación en la que todavía nos encontramos en la actualidad.

Asumir un modelo de sistema educativo implica esperar del mismo unas determinadas funciones de cara a hacer realidad ese proyecto político de sociedad que se considera el más apropiado y lógico en función de las teorías, las informaciones, los ideales, los valores y las capacidades que poseen quienes tienen posibilidades reales de participar democráticamente en dicho debate o, en el caso de que este estuviera restringido o prohibido, de quienes ocupan en cada momento las estructuras de poder político y el gobierno.

Caer en la cuenta de las concepciones políticas, filosóficas y socioeducativas que subyacen a los marcos legislativos es un asunto de suma importancia cuando tratamos de analizar las posibilidades reales y las vías de actuación más apropiadas en las aulas y en los centros escolares bajo el prisma de la equidad y la igualdad de derechos. No tomar en consideración estas cosmovisiones que encuadran y orientan los sistemas educativos de cada sociedad, puede llevar al profesorado y también, claro está, a las familias y al estudiantado a asumir el rol de facilitadores de una especie de perverso e injusto efecto Pigmalión. Con demasiada frecuencia se llega a considerar el origen social, económico, étnico o el lugar de nacimiento del alumnado, o incluso peculiaridades de carácter genético neuronal, como características que inevitablemente explicarían tanto el éxito como el fracaso escolar del alumnado, obviando otras estructuras sociales y políticas, otros análisis y otras reflexiones referidas a políticas educativas en vigor. Esto es algo que suele acontecer en aquellos sistemas educativos corruptos, dirigidos prioritariamente a facilitar el éxito escolar a los grupos sociales más favorecidos y, por tanto, muchos docentes y familias menos politizadas acaban viendo como “natural” el fracaso o el abandono escolar de estudiantes de entornos socioculturales desfavorecidos, como si fuera casi imposible romper esa especie de maldición que, a primera vista, vuelve inútiles e ineficaces tanto cualquier movilización colectiva como los esfuerzos de tantas personas y organizaciones sociales que trabajan y luchan por cambiar el rumbo de la situación.

¿A través de qué modos y mediante qué tipo de experiencias prácticas en los centros escolares el alumnado perteneciente a los colectivos sociales más desfavorecidos suele acabar con un diagnóstico y estigma de fracasado escolar?, ¿a través de qué medios injustos y perversos este tipo de alumnas y alumnos llega a considerarse como único responsable y culpable? Estos son algunos de los interrogantes inaplazables para toda la comunidad educativa y social, que, si no se convierten en objeto de análisis prioritario acabará asumiendo como lógico que esas alumnas y esos alumnos el día de mañana tengan que aceptar sin protestar sus destinos que serán considerados, además y tristemente, como justos y razonables. Interrogantes como estos deben convertirse siempre en brújula y motor dinamizador del trabajo docente, pues estas cuestiones son asuntos verdaderamente urgentes en cualquier sociedad del momento presente, que con demasiada superficialidad se autodefine como democrática y, a mayores, como sociedad del conocimiento.

Si analizamos el currículum oculto de muchas de las rutinas que rigen la vida en las aulas, los contenidos de las asignaturas, las tareas escolares, los modelos de evaluación y las interacciones del alumnado entre sí y de este con el profesorado o con otros profesionales de la educación, podemos constatar que todavía el sistema educativo, al igual que otras esferas sociales (el mundo laboral, el ámbito de la justicia, las administraciones públicas, los cuerpos policiales, los servicios sociales, ...) no prestan la debida atención e, incluso, en bastantes ocasiones llegan a tratar con indiferencia o, lo que todavía es peor, con desprecio a aquellos colectivos y personas que viven en la pobreza. El pensamiento sociológico, psicológico y pedagógico hegemónico, así como la praxis dominante en las aulas fomentan —sin pretenderlo intencionadamente ni el sistema educativo ni, mucho menos, el profesorado— una merma en la formación y un entorpecimiento de las capacidades de demasiadas niñas y demasiados niños, por lo que acaban convertidos en seres mudos, silentes, pasivos y resignados, cuando no en personas conflictivas, peligrosas e inadaptadas sociales.

Las aulas escolares continúan siendo uno de los espacios privilegiados para, por una parte, construir nuestras interpretaciones acerca de la realidad, para abrir nuestro imaginario hacia otros mundos y, de manera especial, para vislumbrar otras posibilidades y, por otra, para acceder a informaciones relevantes, construir conocimientos, desarrollar capacidades, habilidades y valores que nos sitúen en el mundo como agentes democráticos, cooperadores activos, éticamente comprometidos y responsables críticos. Todos los análisis acerca del currículum explícito y el currículum oculto acostumbran a sacar a la luz que las políticas educativas y, en consecuencia, las instituciones escolares estimulan, promueven y convierten en obvio, en natural y, por tanto, en neutrales y justas a determinadas explicaciones, conocimientos, realidades y aspiraciones y, simultáneamente estigmatizan, reprimen y condenan a otras. Se imponen explicaciones solipsistas para el etiquetaje, las desigualdades y las exclusiones.

Todavía en la actualidad, los análisis que venimos haciendo sobre el currículum oculto, por ejemplo, en cuanto a la selección de la cultura con la que trabajan las instituciones escolares, siguen poniendo de manifiesto un crónico y casi patológico silencio en torno a numerosas realidades del presente y de aquellas más significativas del pasado; las que poseen mayores potencialidades explicativas para entender lo que sucede en el mundo presente. Es demasiado escandaloso cómo se siguen silenciando o deformando y manipulando las explicaciones acerca del racismo, del sexismo, de la homofobia, de la existencia de clases sociales, del neocolonialismo, de la pobreza y la marginación, de las injusticias en el mundo laboral, de la realidad cotidiana de las personas con discapacidades intelectuales y/o físicas, de las enfermedades y sus consecuencias de todo tipo, etc. Este tipo de censura informativa está contribuyendo a construir un sentido común en el que estas realidades tan injustas de nuestro tiempo no se perciben, salvo por parte de las personas a las que más directa y explícitamente les afectan. Es de este modo como se facilita con mayor “naturalidad” la perpetuación de las situaciones de opresión y de injusticia que sufren tantos seres humanos.

Que esto acontezca con la complicidad, más o menos intencionada, de quienes planifican, gestionan y trabajan en el sistema escolar es algo que debemos considerar muy grave, pues entre sus efectos es muy probable que se esté privando al alumnado de la posibilidad de que desarrolle unas capacidades cognitivas y socioafectivas necesarias para el reconocimiento del “nosotros” y de su participación activa en los espacios educativos y sociales, y del acceso para la construcción de unos valores, conocimientos y procedimientos con los que informarse, juzgar y desarrollar estrategias de colaboración, de organización y de actuación con las que resolver los asuntos y los problemas más urgentes y vitales, tanto comunitarios como personales.

Una política guiada por principios de justicia social precisa apostar por políticas de reconocimiento y de participación democrática, así como por la redistribución de recursos y de posibilidades, pues en las actuales sociedades, ni mucho menos rige una igualdad de oportunidades.

Cuando se realiza un mínimo seguimiento de la política educativa de la mayoría de los países, es muy llamativa la enorme atención y obsesión con la que los grupos ideológicamente más conservadores y neoliberales vigilan los contenidos que legisla el Estado. Son casi siempre estos sectores neoliberales, conservadores y religiosos fundamentalistas quienes, por ejemplo, cuando el Estado no se somete a sus voluntades, le acusan de intromisión e incluso plantean denuncias de todo tipo para obstaculizar el normal funcionamiento del sistema educativo alegando que se ataca a la libertad de las familias. Un buen ejemplo de estas prácticas obstruyentes que subraya esa intromisión ilegal del Estado, fue la objeción de conciencia que plantearon los sectores más fundamentalistas de la Iglesia católica y del Partido Popular a la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, durante la legislatura del gobierno del PSOE que presidía José Luis Rodríguez Zapatero. Este fenómeno llama mucho la atención, pues la verdadera realidad es que nadie dispone de tanto poder como estos grupos conservadores, neoliberales y neocolonialistas para imponer sus opciones culturales y políticas y, por tanto, son siempre quienes más se benefician de las cosmovisiones culturales con las que los sistemas educativos y las instituciones escolares estuvieron y continúan moldeando el sentido común de la mayoría de la población.

El “sentido común” socio-históricamente construido explica y sirve de justificación a los grupos sociales dominantes para la selección y la imposición de los contenidos culturales que se consideran que deben ser objeto de atención preferente por parte del sistema escolar; convierte en evidente lo que se puede y podría hacer, así como lo que se debería hacer; y, de modo simultáneo, transforma en ilógicas, irracionales o imposibles a otras alternativas certeramente posibles y reales. Es el peso de este sentido común, construido sobre el silencio de tantas voces, generado y mantenido al margen de lo que se puede cuestionar y debatir, el que nos permite entender muchas de las resistencias a los cambios y a las innovaciones en el sistema educativo. Asimismo, en ocasiones, este sentido común hegemónico entra en conflicto con las propuestas de innovación educativa más progresistas, promovidas por parte de los sectores más innovadores del sistema escolar que pueden llegar a generar algunas crisis personales y grupales.

El éxito de las organizaciones neoliberales y de las conservadoras y neoconservadoras no es que tengan unos objetivos mejores o más justos que los de las de izquierdas, y que por eso incluso reciban más votos en los procesos electorales. Lo que explica su éxito tiene más que ver con las mayores posibilidades que disponen a través de sus redes mediáticas para conformar una mentalidad, un sentido común en la mayoría de la población. Bombardeo mediático que facilita el consentimiento y la puesta en práctica de los egoístas intereses y las metas de esos mismos sectores más poderosos de la sociedad.

El poder de esta mentalidad e ideología hegemónica explicaría la existencia de importantes capas de la población que consideran que entra dentro de una lógica racional, y por tanto se considera de sentido común que alguien tiene que fracasar en las instituciones escolares. Son muchos años de tradición escolar clasificando, etiquetando al alumnado por medio de toda clase de rutinas e, incluso, recurriendo a instrumentos más o menos sofisticados, como tests de inteligencia, pruebas objetivas de rendimiento, etc. Instrumentos que se disfrazan de objetividad y de neutralidad y que acaban culpabilizando a cada uno de esos estudiantes; les convencen de que son ellos los únicos responsables de su fracaso. Este tipo de mecanismos que etiquetan y que no cuestionan los marcos vigentes, también ignoran los contextos y las condiciones sociales en las que se desenvuelve la vida de cada estudiante y la de sus familias.

En siglos pasados, bajo el dominio de las religiones y de sus todopoderosas iglesias, que no permitían poner en cuestión lecturas fundamentalistas de sus textos dogmáticos, este tipo de etiquetados se realizaba asumiendo que el destino de cada persona lo decidía la divinidad. Más tarde, a esta clase de pseudoexplicación se fueron añadiendo otras igualmente exculpatorias de las responsabilidades de los seres humanos como, por ejemplo, recurrir a la estructura de la bóveda celeste en el momento de nacimiento de cada ser humano, basándose además en los mapas que construían los magos diseñadores de los horóscopos. A continuación, se pretendió fundamentar el éxito y el fracaso en los genes con los que nacíamos; y, ya más próximos en el tiempo, en este último siglo nos dedicamos a culpar al entorno del alumnado, de manera especial al rol poco estimulante o inclusive frustrante de los padres y las madres pertenecientes a etnias y a grupos sociales desfavorecidos, etc. En este tipo de análisis y explicaciones resulta ser muy frecuente pasar por alto o no dedicarle apenas atención a las políticas sociales, culturales, económicas, sanitarias y educativas vigentes que, indiscutiblemente, tienen la auténtica y gran responsabilidad en este tipo de asuntos.

La lógica binaria conservadora y fundamentalista de que si hay “ganadores” tiene que haber “perdedores” se convierte en un mecanismo clave de funcionamiento del mercado capitalista y también de nuestro sistema educativo. Lógica que siempre sirve para disculpar el modelo de sociedad que nos hemos dado, y que es y debe ser cambiable en la medida en que no nos guste. En la actualidad, es fácilmente comprobable cómo la lógica social darwiniana se apoderó de más ámbitos de los que debería. Los modelos “científicos” del déficit refuerzan esta lógica o este determinismo selectivo del sistema escolar. Se asume el supuesto —ya con rango “científico”— de que vivimos en sociedades donde reina la igualdad de oportunidades y que, por consiguiente, todos tenemos las mismas posibilidades, todos arrancamos de la línea de salida con iguales posibilidades; que, al igual que en una carrera olímpica o en el juego de la Oca, solo podrá haber un vencedor y muchos perdedores. Esto explica que prendiera tan fácilmente la orientación mercantilista y neocolonialista que, día a día, viene apoderándose de nuestro sistema educativo.

Uno de los muchos obstáculos que debe salvar cualquier reforma educativa o innovación destinada a hacer frente a estas disfunciones que constatamos en nuestros centros y nuestras aulas escolares es la revisión y la reconstrucción de los marcos conceptuales y teóricos con los que analizamos, valoramos e intervenimos profesionalmente en las instituciones escolares. Marcos que deberán permitir hacernos conscientes de cómo nuestro propio sentido común no es el más pertinente para entender lo que acontece en los centros y, en consecuencia, para diseñar y evaluar propuestas educativas de intervención más relevantes y significativas para el alumnado; en resumen, para acomodar las finalidades del sistema educativo a las actuales aspiraciones y demandas sociales de mayor democracia, de justicia social y curricular. En toda política educativa es urgente dirigir mucha mayor atención al currículum, a la vida cotidiana que tiene lugar en los centros escolares, es decir, obligarnos a plantearnos el tema de la justicia curricular como objetivo prioritario.

La justicia curricular es el resultado de analizar el currículum que se diseña y pone en acción, tomando en consideración el grado en el que todo lo que se decide y hace en las aulas es respetuoso y atiende a las necesidades y las urgencias de todos los colectivos sociales; les ayuda a verse, reconocerse, analizarse, comprenderse y valorarse en cuanto personas éticas, solidarias, colaborativas y corresponsables de un proyecto más amplio de intervención sociopolítica destinado a construir un mundo más humano, justo, democrático y sustentable (Jurjo TORRES SANTOMÉ, 2012).

Con esta obra pretendo representar un mapa en el que se puedan ver y comprender las diversas funciones que vienen desempeñando los sistemas educativos desde que los Estados-nación pasaron a responsabilizarse con mayor o menor empeño de la educación de la infancia y de la juventud. Los Estados asumen la necesidad de diseñar y desarrollar un sistema educativo y le asignarán funciones según quienes en cada momento histórico formen parte del gobierno y de los grupos con verdadera influencia en la definición y el modelo de sociedad que se considere más adecuado y necesario.

En los distintos capítulos existe la intención de tratar de visibilizar las funciones que en cada momento histórico desempeña el sistema educativo, y cómo estas, al ponerse al servicio de un determinado modelo de sociedad, se acompañan de un currículum idiosincrásico que dota de una determinada selección de contenidos culturales a las distintas áreas de conocimiento y disciplinas, según los intereses del modelo de sociedad pretendido. Se trata de analizar y sacar a la luz los cometidos que se les asignan a las políticas educativas que se legislan y a las reformas que los gobiernos llevan a cabo para promover e ir reconfigurando un específico tipo de ciudadanía, con un tipo de subjetividades y de sentido común coherente con el ideal de sociedad que los distintos gobiernos avalan en cada momento histórico.

No obstante, debemos ser muy conscientes de que una cosa son las aspiraciones de quienes ocupan posiciones de poder y otras completamente diferente es pensar que se van a conseguir sus objetivos, que la ciudadanía es pasiva y no tiene posibilidades de reaccionar y de cortocircuitar esas finalidades e ir abriendo brechas que en un primer momento puede parecer que no sirven para alterar el curso de la historia. Sin embargo, y si no perdemos el hilo de nuestra memoria histórica apoyado en una mirada más objetiva, curiosamente podemos contemplar cómo la acción de movimientos colectivos, muchos de estos en situación de desventaja o exclusión, nos permitió en el pasado echar por tierra los modelos reproduccionistas del primer marxismo más economicista de los momentos iniciales, que consideraba que la única vía de mudar el curso de la historia era cambiando la propiedad de los medios de producción, y por tanto acabando con el modelo económico que generaba la existencia de clases sociales. Pero pronto se fue comprobando que los cambios son mucho más complejos y exigen trabajar en muchos frentes, y no pocas veces dispares. Por tanto, era necesario modelos intelectuales que nos enseñaran a percibir y valorar las distintas acciones y luchas sociales de resistencia y de creación y ocupación de espacios transformadores que tienen mucha más probabilidad de tener más o menos éxito y de posibilitar avances sociales muy importantes.

Desde estas intenciones, en el primer capítulo pretendemos explicar cómo la educación es una tarea compleja, que va mucho más allá de transmitir un determinado bagaje cultural y de potenciar unas determinadas capacidades en la ciudadanía, e incluso de modo diferenciado, según clases sociales, género, etnias, nacionalidad, capacidades, edades, lugares de residencia, etc. Cualquier análisis que se haga sobre los modelos educativos de cualquier sociedad exige caer en la cuenta de qué tipo de personas es la que se precisa para mantener el modelo de sociedad dominante, su modelo productivo, de relaciones sociales que se potencian desde las distintas estructuras de poder, los modelos culturales que se valoran y, por consiguiente, las funciones que se espera que desempeñen los sistemas educativos oficiales, reglados; o, dicho de otra manera más directa y tajante, qué se considera una persona educada, y qué saberes, actitudes y comportamientos deben caracterizar y ser el motor de su vida cotidiana. Con este corolario de premisas, los sistemas educativos acaban así desempeñando un papel fundamental en la creación del pensamiento hegemónico dominante, del sentido común con el que la mayoría de la ciudadanía asume como lógicas, naturales y sensatas determinadas conductas, determinados conocimientos, ciertas actitudes y aspiraciones y, de manera simultánea, como ilógicas, sesgadas, erróneas, no apropiadas e, incluso, peligrosas y dañinas otras diferentes que llegan a catalogar de disidentes.

Entender el momento presente obliga a sacar a la luz las características de las políticas económicas, financieras, laborales, las ideologías políticas que las avalan y, en consecuencia: cómo se le ofrecen a la ciudadanía las políticas que pueden resolver los duros problemas y las duras y verdaderamente injustas condiciones de vida de la inmensa mayoría de la ciudadanía; cómo además los gobiernos, y sus redes de creación de opinión, logran convencer a la ciudadanía de que tiene que colaborar para resolver los enormes problemas de los que ella no tiene ninguna culpa y, por tanto, hay que aceptar y ver como lógico que el sistema educativo que provee la educación de sus hijas e hijos tenga como fin capacitar a sus descendientes lo mejor posible para que tengan más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo que les permita sobrevivir, y cómo, en ese proceso de capacitar trabajadoras y trabajadores, las reformas educativas potencian y privilegian las capacidades, los contenidos, los procedimientos y los valores que consideran más adecuados para reproducir las políticas y los modelos financieros, laborales y económicos neoliberales, y así afianzar y perpetuar determinadas políticas y, por tanto, subjetividades neoliberales, autoempresariales, neocolonialistas, conservadoras ultracatólicas, patriarcales, homófobas, racistas y depredadoras, anti-sustentables y antiecologistas.

Una vez visto el imprescindible rol que vienen desempeñando los sistemas educativos a la hora de conformar las personalidades y subjetividades que son coherentes con cada modelo productivo e ideológico dominante, de capacitarlas con los contenidos culturales y valores que aseguran la reproducción de ese modelo de sociedad, al acabar por considerarlo como el “lógico” y el “único posible” en ese momento histórico, en el segundo capítulo nos centraremos en mostrar cómo el actual modelo de personalidad y subjetividad que se pretende conformar y perpetuar exige reformar el sistema educativo para primar un determinado tipo de contenidos, competencias y valores, unas determinadas áreas de conocimiento y asignaturas y relegar y desvirtuar otras que podrían amenazar la viabilidad de educar personalidades neoliberales, conservadoras católicas y neocolonialistas. Y, al tiempo que se potencia una determinada selección cultural —que nunca se somete a un mínimo debate democrático entre la ciudadanía ni entre las organizaciones políticas, sindicales, comunitarias y profesionales existentes en la sociedad—, se trata de condicionar la forma de estudiar y de poder analizar el verdadero valor y las auténticas potencialidades de los contenidos, los procedimientos, las actitudes y los valores de todo lo que se aprende, al convertir las evaluaciones cuantitativas y comparativistas en el verdadero motor reorientador del trabajo y de la vida en las aulas y en los centros escolares. Las políticas de selección del conocimiento relevante para formar parte del currículum escolar parecen estar aplicando la lógica de la cama de Procustes1. En el fondo únicamente se está priorizando y realizando la consiguiente evaluación de aquellos contenidos que más visiblemente demanda el ámbito empresarial y financiero y que, además, pueden ser reducibles a indicadores y tests de control cuantitativos. De esta manera, se está dificultando en gran medida cualquier innovación verdaderamente poderosa para desarrollar capacidades críticas, reflexivas, creativas, colaborativas, solidarias y democráticas, o sea, con potencialidad para desafiar intelectual e ideológicamente al discurso dominante imposibilista, de empoderar con criterio crítico al alumnado y ayudarle a convertirse en ciudadanas y ciudadanos optimistas, que consideran que es posible alterar el curso de una historia que se les presenta como ya terminada; a poner en solfa estos tiempos que el neoliberalismo y el conservadurismo más rancio y el neocolonialismo etiquetan como el fin de la historia, sin alternativa.

Pero, además, un proyecto político, económico y laboral neoliberal, conservador católico y neocolonialista exige también acabar con aquellas instituciones que no son coherentes con este modelo ideológico, por consiguiente, y este es el cometido del tercer capítulo, trataremos de ver por qué sigue abierto e incluso avanzando a pasos agigantados la doble red de instituciones escolares: la red pública, por una parte y, por otra, la red privada y privada-concertada.

Si el neoliberalismo obliga a privatizar todas las instituciones destinadas a asegurar un mínimo Estado de bienestar, como la banca pública, los servicios sociales y comunitarios, las redes y vías de comunicación y de transporte, las empresas de energía, etc., en buena lógica, esa misma política la lleva aplicando de manera progresiva con las instituciones escolares. Defender y apostar por la educación pública exige tener muy presente cuáles son las funciones que solo ella puede realizar con éxito, cuáles son las diferencias realmente con las funciones que desempeña la educación privada y segregada, pero, al mismo tiempo, qué defectos tienen algunas instituciones públicas que las asemejan más claramente a las instituciones privadas, solo que ahora son algunos funcionarios propios los que se apropian de una institución pública llegando incluso a convertirla en una institución zombi. Asegurar y convertir a las instituciones escolares públicas en realmente parte del proyecto destinado a educar una ciudadanía democrática, justa, inclusiva, sustentable y optimista, no a la conformación de clientes y empresarios privados, es una tarea que está exigiendo y va a demandar día a día un mayor compromiso de partidos políticos, de sindicatos, de organizaciones comunitarias, del profesorado, de las familias y de las estudiantes y los estudiantes.

La razón de ser de la red pública es ayudar a construir un “nosotros” verdaderamente inclusivo, a verse como ciudadanas y ciudadanos que en un marco de pluralidad y de democracia aprenden a escuchar, debatir y colaborar con quienes piensan de otra manera; que ven la necesidad de asegurar derechos conquistados y de luchar por otros todavía no traducidos en leyes, pero que están en las agendas de las luchas sociales que persiguen un mundo más justo, democrático, fraternal, sustentable y solidario que tiene como referente el bien común para el “nosotros”. La defensa de la educación pública es un elemento más del Estado de bienestar, de la lucha por los bienes públicos, de la defensa de los derechos de los colectivos sociales más vulnerables. Un modelo diferente al de la escuela pública contribuye a potenciar sociedades fragmentadas, carentes de igualdad afectiva y de fuerte individualismo, donde la justicia y la igualdad es fácil reducirla, minimizarla solo a actos y gestos de caridad.

Ahora bien, en este panorama trazado de encuentros y desencuentros, de mentiras hechas verdades, de posibilidades e incertidumbres negadas por la violencia política —convertida en pretensiones y buenas intenciones— de las élites dominantes y del Estado, resulta inevitable, cual exigencia, pensar en el profesorado como parte necesaria, aunque no exclusiva, de las vías y las acciones alternativas encaminadas a contrarrestar las políticas de desahucio de lo público y del bienestar común de la ciudadanía participante de las instituciones educativas. Razón de ello es el último capítulo, el cual está más centrado en la necesidad de atender a la formación y actualización del profesorado si realmente nos preocupa la educación y no el adiestramiento acomodaticio de la infancia y de la juventud a una realidad que no controla ni imagina que eso pueda ser posible, que esté a su alcance. Las profesoras y los profesores, en cuanto ciudadanía activa, intelectuales públicos y como profesionales críticos y responsables, son parte irreemplazable a la hora de conformar una nueva sociedad verdaderamente democrática; por tanto, son agentes muy activos contra las actuales políticas (des)educativas “oficiales” entregadas al cercenamiento de las capacidades, los conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los valores que precisamos para conformar sociedades más democráticas, justas, inclusivas, fraternales y optimistas. Un sistema educativo fiel a este tipo de proyecto político comunitario con posibilidades de contribuir a acabar con el complejo y poderoso entramado neoliberal, conservador, patriarcal y neocolonialista exige un sistema educativo que transmita esos mismos ideales a las nuevas generaciones; unas instituciones escolares democráticas e inclusivas cuyos equipos docentes (profesorado, familias, estudiantes, asociaciones comunitarias y otros colectivos profesionales comprometidos con la educación) apuesten y se comprometan con la democracia, la justicia y el optimismo curricular.

No podemos ignorar que vivimos tiempos que parece que conducen inevitablemente a construir realidades y sociedades neoliberales, conservadoras y neocolonialistas y, por consiguiente, a educar personas guiadas de un modo obsesivo a través de datos y de las tramas big data o de grandes masas de datos, de mediciones cuantitativas de todo lo que se hace y valora, de estándares e indicadores de rendimiento, de pruebas estandarizadas que no se discuten -y que la inmensa mayoría de la población idolatra debido a la estética de los números y de las fórmulas que no entiende. Un mundo castrante que valora exclusivamente cierto tipo de conocimientos y saberes y prescinde de otros imprescindibles para ser seres humanos justos, solidarios, fraternales y democráticos. Una realidad opresiva, que la publicidad y la manipulación informativa llevada a cabo o dirigida como la vía para enriquecer e incrementar de modo continuo el poder de grandes corporaciones empresariales y financieras, trata de presentarnos como atrayente y seductora.

Es urgente organizar de manera eficaz y creativa a una ciudadanía capaz de abrir espacios de resistencia y de cambiar el curso de la historia, de hacer realidad los sueños, los ideales y las aspiraciones que nos ayuden a hacer realidad un eslogan tan poderoso —y que es el motor de este libro— como ¡Otro mundo es posible! ¡Sí, sí se puede!