BIBLIOTHECA IBERO-AMERICANA

Peter Birle (Instituto Ibero-Americano)

Sandra Carreras (Instituto Ibero-Americano)

Ulrike Mühlschlegel (Instituto Ibero-Americano)

Héctor Pérez Brignoli (Universidad de Costa Rica)

Janett Reinstädler (Universität des Saarlandes)

Friedhelm Schmidt-Welle (Instituto Ibero-Americano)

Liliana Weinberg (Universidad Nacional Autónoma de México)

Nikolaus Werz (Universität Rostock)

Índice

Klaus Bodemer¹

Introducción

En el año 2007, la Fundación Alexander von Humboldt (AvH) y la Fundación Fritz Thyssen lanzaron un programa de becas de corto plazo para investigadores latinoamericanos con título de doctor, que les ofrecía la posibilidad de realizar un proyecto de investigación de su propia elección en una universidad alemana. El programa estaba dirigido fundamentalmente a investigadores en las áreas de derecho, economía y ciencias sociales. Las becas tenían una duración de seis meses, repartidos en dos estadías a realizarse en dos años consecutivos. Después de una conferencia del despegue del programa en Bonn en 2007, se celebraron durante su desarrollo en Berlín tres conferencias, a finales de enero de 2009, 2010 y de 2011 respectivamente, en las cuales participaron los becarios, sus tutores y los miembros del comité de selección del programa. En esas conferencias, los becarios tuvieron la oportunidad de presentar los resultados preliminares de sus investigaciones y discutirlos con sus colegas, abriendo un debate interdisciplinario e iniciando el establecimiento de una red de contactos científicos entre las distintas regiones latinoamericanas.

Los detalles del proyecto y el plan de trabajo fueron acordados entre el solicitante y el tutor alemán antes de la presentación oficial de la solicitud. La evaluación de las solicitudes corrió a cargo de expertos independientes nombrados por la Fundación Humboldt. En la valoración de los proyectos se tomaron en cuenta sobre todo los méritos académicos de los candidatos y la calidad y viabilidad de los proyectos presentados. La decisión final fue tomada por un comité compuesto por científicos de todas las especialidades relevantes. El programa se desarrolló bajo el asesoramiento del editor de este volumen, quien además actuó como instancia de referencia para los becarios en asuntos académicos.

El tomo que presentamos aquí recoge los resultados de estas investigaciones, que en parte son trabajos concluidos y, en parte, todavía works in progress. Las contribuciones, escritas en la lengua materna de sus autores (español y portugués), provienen de diferentes disciplinas, cubren una amplia gama de temas y se distribuyen en cuatro bloques.

El primer bloque (“Actores sociales, democracia y gobernabilidad”) está compuesto por cinco ensayos. El politólogo Lucio Renno, de la Universidad de Brasilia (UdB), analiza en su aporte “O saldo da crise democrática na América Latina: Sobre a legitimidade e a consolidação da Democracia Representativa” las preferencias, opiniones y perfil de valores de los ciudadanos latinoamericanos, comparando datos de encuestas provenientes de países que han sufrido crisis constitucionales o interrupciones del proceso democrático con las de otros que no sufrieron tales crisis. Las variables centrales que explican las diferencias entre ambos grupos son la participación en movimientos de protesta, las experiencias con la corrupción y la valoración de las instituciones y la economía. Los resultados muestran que los ciudadanos del primer grupo de países son más proclives a comprometerse en formas de desobediencia civil, tienen más experiencia con la corrupción y confían menos en las instituciones democráticas y representativas que los ciudadanos de las democracias estables. Estos fenómenos de crisis pueden provocar cicatrices en ciertos grupos de la población que se sienten perdedores, y motivar perspectivas más pesimistas sobre el futuro de la democracia en la región.

El debate sobre la desigualdad social en América Latina en general y sobre la de Brasil en particular no es nuevo. Emil Albert Sobottka, sociólogo de la Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), retoma este debate en su artículo “Políticas sociais e desigualdade social no governo Lula da Silva”, un tema que ha despertado mucho interés en años recientes tanto en el ámbito científico como en el político. Luego de pasar revista a las diferentes etapas de la lucha social y a las políticas sociales estatales desde el golpe militar de 1964, y de describir los lineamientos predominantes de la política social de Lula da Silva y sus resultados, el autor constata que, a pesar de destacables progresos sociales, los niveles de desigualdad en Brasil permanecen altos. Este resultado poco alentador encuentra su explicación en el hecho de que la distribución de las políticas sociales es muy desigual y privilegia más bien a la clase media-alta que a la baja. La carga tributaria tiene un efecto concentrador de la renta. Por eso, una política que supuestamente estaba destinada a (por lo menos) reducir la desigualdad crónica en el país ha contribuido más bien a agudizar el problema y tuvo en realidad un efecto concentrador de renta, a pesar de su mérito de haber dado a millones de ciudadanos de las capas bajas la posibilidad de acceder al consumo y al seguro social, y de ascender en la escala social. Una explicación del escaso avance en la reducción de la desigualdad es, según Sobottka, que el gobierno de Lula fue muy cauteloso con respecto a la macroeconomía y que estaba muy interesado en preservar sus buenas relaciones con los grupos privilegiados de la sociedad brasilera.

La relación conflictiva entre un actor social poderoso, “el campo” y el gobierno de turno en Argentina es tema de la contribución de Carla Gras,socióloga de la Universidad de Buenos Aires, quien analiza el conflicto entre los gobiernos de Néstor Kirchner y su sucesora Cristina Fernández de Kirchner y el sector agrario por las retenciones a las exportaciones, un conflicto que hasta hoy no ha sido resuelto de manera convincente. La autora concentra su análisis en dos puntos centrales. En primer lugar, la emergencia de un proceso de diferenciación interna de la clase empresarial, que hace a este actor más complejo y diferenciado y lo vincula a la consolidación de un nuevo modelo agrario y agroindustrial en el país a partir de la década de 1990. El segundo punto, estrechamente vinculado con el primero, es la reorganización de las instituciones representativas de este sector y la producción de nuevas formas de articulación productiva, ideológica y simbólica que se reflejan tanto en la autorrepresentación del sector como en los ámbitos y tipos de acción privilegiados por él para ejercer influencia. Según Gras, el empresariado argentino ha logrado construir una imagen pública renovada y ha hecho visible su influencia sobre aspectos centrales de la nueva matriz productiva, pero no ha alcanzado a ampliar su influencia fuera de lo estrictamente sectorial. En la relación del empresariado con la política, el sector privilegió la defensa corporativa de intereses a través del lobbying. Los altos precios internacionales y la alta rentabilidad han facilitado una estrategia común entre las diferentes fracciones del campo. Es, sin embargo, poco probable que esta unidad se mantenga a largo plazo, porque las asimetrías y antagonismos que caracterizan al modelo agrario actual pueden resurgir cuando las variables externas cambien.

Como muestran las encuestas de los años recientes (Latinobarómetro, etc.), la violencia y la inseguridad pública han ganado cada vez más un lugar privilegiado en las percepciones de los ciudadanos latinoamericanos, sobrepasando incluso en algunos países a la preocupación por la desocupación. La lucha exitosa contra este flagelo es, por lo tanto, un indicador importante para la consolidación democrática y la gobernabilidad en la región. El politólogo Ricardo Córdova Macías, director ejecutivo de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo en El Salvador, analiza la situación en América Central, la región más violenta de la región, en su amplio ensayo “Percepciones sobre la delincuencia y la inseguridad en Centroamérica”. Partiendo de los datos disponibles sobre homicidios y delitos en la subregión, de su problematización y las percepciones de inseguridad, el autor explora algunas de las consecuencias que este fenómeno está teniendo en la vida cotidiana de la gente, en los niveles de confianza institucional e interpersonal y en las actitudes ciudadanas hacia la democracia. Finalmente, el autor se pregunta, desde la perspectiva de su disciplina, la ciencia política, si el crimen y el miedo asociado están tendiendo a erosionar los aún jóvenes sistemas democráticos del Istmo. El ensayo presenta evidencia empírica para sustentar la hipótesis de que la violencia criminal y la inseguridad están impactando los valores y las actitudes de los ciudadanos centroamericanos hacia la democracia, así como los niveles de confianza interpersonal e institucional. El factor más importante en este contexto es la percepción subjetiva de inseguridad (el miedo al crimen). Frente a esta situación poco alentadora, el gran desafío consiste en encontrar maneras en las cuales “el respeto al estado de derecho coexista con respuestas eficientes y efectivas a la problemática de la inseguridad”.

La relación entre arte callejero como protesta política y la política comunal es investigada por el sociólogo mexicano Marco Estrada Saavedra, de El Colegio de México, en su estudio de caso sobre las actitudes de la Asamblea Popular de los Pueblos en la ciudad de Oaxaca (APPO), titulado “La estética de los agraviados: arte callejero y política. El caso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, México”. Para comprender las actividades artísticas de este colectivo, el autor introduce el concepto de “protesta simbólica”, haciendo referencia a los elementos no discursivos, es decir, emotivos, plásticos, sonoros, escénicos y figurativos de la movilización contestataria pública. Saavedra concibe a la APPO en alusión a Niklas Luhmann como “sistema social” que cumple cinco funciones para la autopoiesis del sistema de protesta: 1) enriquecer el discurso político con elementos emotivos, gráfica y plásticamente elaborados; 2) reflexionar en estas intervenciones gráficas sobre el conflicto y su proyecto social y político; 3) contribuir con las obras de los colectivos a la identificación activa con la asamblea; 4) contribuir a la elaboración y preservación de la “memoria sistémica” de los múltiples eventos significativos de este conflicto; y 5) reelaborar sucesos históricos, personajes y toda suerte de figuras públicas, reales o ficticias para dar profundidad y continuidad a las luchas populares. Se trata en Oaxaca de un arte producido en el conflicto y pensado como un instrumento de lucha. En resumen, “las intervenciones de grafiteros y colectivos pasaron de la politización propagandística del arte, que tenía lugar dentro del sistema político, a la estetización de la política, al interior del sistema de arte”.

El segundo bloque de ensayos (“Derecho y estado de derecho”) está constituido por tres trabajos. El historiador argentino Juan Manuel Palacio, investigador del CONICET y del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, analiza en un trabajo comparativo el rol que cumplieron tanto la legislación social como los nuevos organismos estatales de resolución de conflictos en la implementación del estado social durante los gobiernos populistas en México, Brasil y Argentina. Su estudio parte de los cambios que, en material legal y judicial en el terreno laboral, se produjeron más o menos contemporáneamente en cada uno de los tres países y se pregunta por la interpretación de los populismos “clásicos” -el primer peronismo, el varguismo y el cardenismo- en la historiografía reciente. Sobre esta base, el autor presenta algunas conclusiones que pueden servir como hipótesis para una investigación más profunda. Según Palacio, es necesario reinterpretar el populismo a la luz de las experiencias históricas concretas, acercarse científicamente al tema a través de fuentes judiciales y privilegiar una perspectiva comparativa. Así se llega a una interpretación más positiva del estado populista que la que ofrece el mainstream de la historiografía. Los gobiernos de Perón, Cárdenas y Vargas fueron grandes creadores de derecho, propusieron una nueva institucionalidad cuidadosamente diseñada que desafiaba abiertamente el orden jurídico e institucional del estado liberal, y crearon tribunales laborales que cumplieron un rol clave en la aplicación de la nueva legislación económica, social y laboral.

María Carolina Agoff, socióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), retoma el tema de la violencia que ya había aparecido en el primer bloque y lo discute desde una perspectiva micro y de género. El punto de partida de las reflexiones que presenta en su trabajo “¿Nuevos derechos hacia nuevas mujeres? El derecho a una vida libre de violencia como espacio de autoidentificación” es el alto porcentaje de mujeres mexicanas que, según datos empíricos, ha experimentado violencia física y/o sexual y, la reacción del Estado ante esta situación, es decir, la reciente promulgación de dos leyes contra la violencia de género. La autora elige tres ejes de análisis: 1) la discrepancia (en la percepción de las víctimas) entre violencia merecida y no merecida; 2) el conflicto entre diferentes formas de reconocimiento, el jurídico y el moral; y 3) la eficacia simbólica del derecho y su capacidad de desnaturalizar una experiencia de injusticia naturalizada y normalizada por las tradiciones. La pregunta central es en qué medida el derecho puede constituirse en un objeto de identificación para las víctimas de violencia, en tanto las apela como individuos con derechos particulares. Como resultado de 72 entrevistas con mujeres víctimas de violencia, la autora constata una diferencia generacional notable: sólo las mujeres mayores de 30 años se mostraban permeables al discurso de los derechos y se permitieron cuestionar el modelo genérico tradicional. Además, la idea del derecho a una vida libre de violencia sólo tuvo influencia en aquellas mujeres para quienes la violencia resultó una experiencia sostenida a lo largo de los años. Se ha mostrado, además, que el poder del Estado es limitado si no va acompañado por el reconocimiento social. El reconocimiento jurídico sin una valoración social deja trunco el desarrollo completo de la autonomía personal.

El jurista Álvaro Javier Pérez-Ragone, de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, se ocupa de un tema especial del Derecho civil en su investigación, “Diálogo y cooperación en la justicia civil contemporánea: hacia una mayor eficiencia, legitimidad y justicia en la decisión”. Según él, el litigio civil tiene al menos tres variables, que lo pueden hacer más o menos eficiente y eficaz: el tiempo que insume, el costo y la precisión-legitimidad de su resultado. La determinación correcta de la recopilación de los hechos que fundamentan el caso es relevante para luego poder discernir cuáles deben probarse o necesitan de evidencia y cuáles no, lo que sirve de base para una sentencia justa y aceptable para los participantes en un juicio. La combinación de un juez director del proceso y las partes que colaboren con lealtad, buena fe y veracidad, especialmente en el aporte de la información sobre los hechos relevantes, coadyudan para una etapa probatoria eventual y una decisión más legitimada, dentro de un término razonable con minimización de costos. La asimetría de información en un proceso civil lo convierte muchas veces en un dilema del prisionero, donde el resultado es de suma cero. Los protagonistas del proceso en su demanda y defensa tienen deberes de información mediante deberes sustantivos y netamente procesales que se incentivan y corrigen con un sistema adecuado y previsible de cargas y deberes procesales. Pero también los terceros podrían quedar obligados a cooperar para el éxito en la tramitación y el resultado en un proceso civil que no es sino una de las manifestaciones de la función del Estado: la función jurisdiccional. En los últimos diez años muchos sistemas procesales civiles incorporaron incentivos para maximizar el aporte de información relevante para una sentencia más correcta y justa. Este aporte de partes y de terceros con un rol activo del juez permite igualmente minimizar los tiempos del proceso y el error en la decisión. Un ejemplo tomado por el autor es el antes y el presente de la reforma de la Zivilprozessordnung alemana en el año 2002.

Un tercer bloque de temas gira en torno a las relaciones entre cultura y sociedad, y contiene aportes de la sociología, la filosofía y la etnología. La socióloga Kathya Araujo, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, discute uno de los temas centrales en la sociología contemporánea en su trabajo “La tesis de la individualización en las sociologías alemana y chilena: una lectura crítica”. Partiendo de un análisis detallado del concepto de la individualización en la obra de Ulrich Beck y de sus deficiencias, Araujo discute su recepción y recreación en la sociedad chilena, subrayando que esta recepción no ha tomado suficientemente en cuenta el contexto histórico, político y social diferente en el cual el individuo chileno en el sentido moderno era y es, y el hecho de que en este contexto la individuación es ante todo un proyecto inconcluso pero en marcha. A partir de allí, la autora extrae una serie de consecuencias: 1) se precisa un diagnóstico más serio de nuestra época, tomando en cuenta las variantes nacionales en las que se da la individualización; 2) se debe dar cuenta, sobre nuevas bases, de la articulación entre los fenómenos estructurales y las experiencias subjetivas; y 3) resulta necesario que la sociología tome en cuenta de manera más activa el trabajo de los individuos para producirse como sujetos.

Patrícia Castro Mattos, especialista en teoría sociológica de la Universidade Federal de Juiz de Fora (UFjF), Brasil, presenta una propuesta teórica para los estudios de género en su aporte “As abordagens da ‘sociologia disposicional’ e da ‘interseccionalidade’: articulando uma proposta para os estudos de gênero”. Sus reflexiones se basan en el concepto de interseccionalidad, propuesto por Degele y Winker, que permite articular la relación entre agencia y estructura, y combina tres niveles: las estructuras sociales, las representaciones simbólicas y la identidad. Las reflexiones de la autora se nutren de la sociología disposicional de Bourdieu y su concepto de habitus, así como de las críticas expuestas por Degele y Winker. El artículo quiere mostrar las ventajas teóricas y metodológicas de la perspectiva interseccional y de la sociología disposicional para los estudios de género. Ambos conceptos permiten, según la autora, realizar un análisis más preciso de causas y efectos de las desigualdades sociales, mostrar cómo operan los sistemas de clasificación/desclasificación social en diferentes contextos y, con eso, deconstruir los códigos binarios que siempre producen y reproducen asimetrías arbitrariamente construidas entre los individuos.

Sérgio Duarte da Silva, historiador de la Universidade Federal de Goiás, Brasil, se ocupa en su trabajo “História e Teoria da Fronteira no Ensaio Americano: interculturalidade e integração. Primeiras nota de uma pesquisa em andamento” del ensayo latinoamericano del siglo XX. Este “género mixto” incluye, sobre todo, una teoría de la frontera y de la heterogeneidad, de crucial importancia en el debate actual y de particular interés para los interesados en relaciones interculturales. Este producto del pensamiento americano ha sido caracterizado como vanguardista, neobarroco, intercultural, entre-lugar, antropofagia e hibridismo. Pero lo más importante es, según el autor, ver en él tanto un fruto y expresión de la experiencia de colonización y modernización, como una forma de irreverencia, afirmación y diálogo. Debido a su carácter experimental, es posible encontrar en él conceptos y procedimientos relevantes para la teoría de la historia.

Miguel Ángel García, etnomusicólogo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, analiza en su artículo “Las músicas de Tierra del Fuego en su versión (etno)musicológica” cantos de los aborígenes de Tierra del Fuego que fueron grabados entre 1907 y 1923 por los investigadores Charles Wellington Furlong, Martin Gusinde y Wilhelm Koppers. En las décadas siguientes, estas grabaciones fueron objeto de investigación de algunos musicólogos, como los alemanes Erich von Hornbostel y Martin Gusinde, y, más tarde, de los etnomusicólogos Jorge Novati, Gilbert Rouget y Anne Chapman. García efectúa un recorrido por el inventario de los discursos producidos sobre esas músicas y señala los tópicos que en ellos se fueron generando. Como subraya García con un acento crítico, los musicólogos mencionados convirtieron los cantos de los aborígenes en su objeto de conocimiento, creando la ilusión de una correspondencia nítida entre sus discursos y una supuesta realidad ajena al observador. Los factores que conferían valor científico a los cantos fueguinos eran para los investigadores su “condición primitiva” y su supuesto “alto grado de aislamiento”. Como resultado, en muchos casos la investigación etnomusicológica fue, según el autor, una práctica que acompañó al colonialismo e ignoró o hizo ignorar los contextos culturales, sociales e históricos en los cuales se desarrollaron esas músicas desatendiendo además las circunstancias de la desaparición de estos pueblos.

El cuarto bloque de ensayos se puede agrupar bajo el título de “Ciencia y tecnología” y consiste en tres trabajos. El primero, de Raquel Gil Montero, investigadora del Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología (CONICET), Argentina, nos ofrece en su investigación “Tecnología minera en los siglos XVI-XIX: una perspectiva comparada” un análisis comparado y detallado del desarrollo de la tecnología minera en la región andina durante cuatro siglos, poniendo énfasis en la cronología y el aporte local. El texto se estructura, en parte, en torno a la expedición de expertos alemanes contratados por la Corona española a fines del siglo XVIII y a su visión de la minería andina, que sirvió como puente entre las dos geografías. Partiendo de un breve análisis de los avances historiográficos más destacados, la autora describe el contexto europeo que sirvió como fuente de donde abrevaron quienes vinieron para trabajar en América Latina. La situación de la minería andina es analizada a través de una doble mirada: la de los expertos alemanes y la de los mineros locales. La última parte recopila los debates y avances en la investigación y nos da algunas explicaciones del porqué del desarrollo tecnológico divergente. La autora concluye que la tecnología minera indígena estuvo mucho más presente de lo que se pensaba. La tecnología de Europa Central se conocía pero se aplicaba sólo en forma muy limitada tanto en España como en América Latina.

Oldimar Pontes Cardoso, historiador de las Universidade de São Paulo (USP) dedica su aporte “Cultura histórica e responsabilização científica” a estudiar la divulgación de la historia por medio de revistas en Brasil, Alemania, Argentina y México. El ensayo forma parte de una investigación todavía en marcha y tiene como objetivo central definir cuáles son las funciones sociales de la historia que se expresan en este tipo de publicaciones, que forman una fuente destacable de información para un público más amplio pero no gozan de prestigio entre los historiadores profesionales. Pontes Cardoso analiza en detalle los significados de los diferentes términos (“difusión científica”, “divulgación científica”, “diseminación científica”, “vulgarización científica” y “mediación científica”) y sus funciones en la relación entre ciencia y sociedad. El autor reflexiona además sobre la cultura y la conciencia históricas y su conceptualización. Pontes Cardoso concluye que un historiador con responsabilidad científica se comprende inmerso en la cultura histórica, reconoce la dualidad de la cultura histórica y la historia científica y aprovecha esta meta-conciencia histórica en favor de un trabajo riguroso.

En el último trabajo de este bloque titulado “Um mapa inicial para uma história comparada da informática brasileira”, Henrique Luiz Cukierman de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) se pregunta qué significa el término “informática”. Según la opinión común, la informática pretende ser universal y sugiere como punto de referencia un cuerpo único de conocimientos. El autor argumenta contra este supuesto de unidad, buscando mapear las condiciones para una comparación entre la informática del llamado Primer Mundo y la de Brasil, cuyas diferencias son evidentes si se examina la manera en la cual las prácticas locales reciben, reproducen y/o reconstruyen esa supuesta universalidad. Para escribir una historia comparada de la informática brasileña es necesario dar cuenta de la influencia de factores contextuales, como el mercado, el sector militar, la cultura local, el Estado, la comunidad científica, la industria, la gestión y el financiamiento. Además, el autor presenta un catálogo preliminar de cuestiones cuyo análisis permitirá el avance en el estudio de la historia comparada de la informática brasileña y la formulación de estrategias para superar las asimetrías observadas.

El último ensayo, cuya primera versión fue presentada en la clausura de la última conferencia del Programa Thyssen/Humboldt en Berlín en enero de 2010, es de Günther Maihold, vicedirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP) en Berlín. Bajo el título “Außenwissenschaftspolitik, diplomacia científica y relaciones internacionales científicas: Alemania-América Latina”, el autor reflexiona sobre el reciente debate gubernamental alemán sobre el reforzamiento de la cooperación en ciencia e investigación, tal como ha sido propuesto en diferentes documentos y declaraciones programáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Educación e Investigación y de la Fundación Alexander von Humboldt. Este debate se estructura en torno a dos estrategias: la internacionalización de la ciencia y la investigación, y la diplomacia científica. Las políticas de implementación de estas estrategias tienen una amplia gama de objetivos, una situación que enfrenta al gobierno y sus instancias con grandes retos, especialmente en tiempos de presupuestos reducidos y una creciente competencia internacional. Según el autor, siendo Alemania un soft power y potencia intermedia sin recursos naturales propios, debe apelar a esta forma de proyección de poder a nivel internacional. Afortunadamente, los dos gobiernos alemanes recientes han tomado en cuenta este desafío en forma proactiva. Testigo de eso son los nuevos documentos del gobierno alemán con respecto a su estrategia hacia América Latina de 2010 y una serie de documentos programáticos e iniciativas concretas de los dos ministerios arriba mencionados y del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), que apuntan al fortalecimiento del intercambio científico-tecnológico entre Alemania y América Latina. Sin embargo, más allá de las declaraciones programáticas gubernamentales, que se logre o no construir puentes y redes interuniversitarios depende, en primer lugar, de los diferentes actores del área de la ciencia y la investigación, y de sus intereses y su compromiso.

Con esta reflexión sobre las tendencias recientes y los desafíos futuros del intercambio científico entre Alemania y América Latina se cierra este tomo, cuyo objetivo es dar a los lectores un panorama de las investigaciones puestas en marcha o ya finalizadas en el marco del Programa de Becas de corto plazo Thyssen-Humboldt para América Latina de los años 2007-2011. De acuerdo con la filosofía básica de ambas fundaciones, corresponde a los investigadores mismos proponer sus propios temas de investigación. Esta libertad en la definición del objeto de estudio tiene como consecuencia que los temas tratados por los becarios cubran varias disciplinas, una amplia gama de contenidos y enfoques teóricos diferentes. En este sentido, este volumen tiene por objeto poner en evidencia la amplia variedad de las investigaciones fomentadas en el marco del programa. Espero, junto con los autores, que los aportes enriquezcan el debate académico y contribuyan a la profundización de las investigaciones iniciadas, al fortalecimiento de las redes científicas establecidas y al descubrimiento de nuevos caminos en la cooperación científica entre Alemania y América Latina.

Finalmente quisiera agradecer también en el nombre de las becarias y los becarios y de los miembros de la Comision de Selección a las dos fundaciones por el apoyo y el clima agradable durante los cuatro años de duración del programa.

Lucio R. Renno

O saldo da crise democrática na América Latina:
sobre a legitimidade e a consolidação
da Democracia Representativa¹

1. Introdução

A Democracia na América Latina encontra-se numa encruzilhada sem precedentes: democracia representativa – sustentada por eleições livres e justas, competição multipartidária, estado de direito e um sistema de pesos e contrapesos – tem sido desafiada por uma visão mais radical de democracia direta, com base em consultas populares constantes, na redução da competição entre elites e na centralização do poder político no Executivo. A particularidade da atual junção crítica na história de região é que os desafios acerca do regime democrático nascem de eleições: são, portanto, provenientes de dentro do próprio sistema. Isto é, líderes eleitos diretamente pelos mecanismos de democracia representativa conduzem as reformas radicais correntes que podem minar o próprio modelo Madisoniano de democracia, baseado na representação política e no sistema de checks and balances, que existem atualmente na maioria dos países latino-americanos. Assim, argumento aqui que a nova forma de instabilidade política na América Latina, ao contrário do que pensam alguns, pode sim estar afetando a própria continuidade do regime democrático na região (Perez-Liñan 2007, 2008; Llanos/Marsteintredet 2010). Dessa forma, o atual processo de mudança de regime e instabilidade na América Latina apóiase na erosão da democracia representativa e não apenas quedas de presidentes através de renúncias e impeachments. Há em curso uma intensificação das crises da democracia na região (Boniface 2007), motivadas por crises prolongadas das instituições de representação democrática (Mainwaring 2006).

Além disso, e mais importante, em alguns países, esses embates tem resultado em mudanças institucionais que mexem no cerne dos princípios democráticos representativos, ampliando cada vez mais os mecanismos participativos e centralizando a convocação desses mecanismos no poder executivo. Este processo de erosão dos componentes representativos pode ser, em grande parte, sustentado pela frustração popular com a ausência de justiça social, inclusão econômica e participação popular direta no processo de tomada de decisão que prevaleceu no continente durante a chamada era “neoliberal” (Hochstetler 2008, Hochstetler/Edwards 2009). Ou seja, a insatisfação presente pode ser resultado de avaliações negativas da qualidade da democracia na região (Rennó et al. 2011).

Como consequência, há a oportunidade na América Latina de hoje de algo que era impensável há alguns anos e que Przeworski denominou de “mandato eleitoral para o socialismo” (1986: 60).² Como consequência de uma generalizada frustração com o processo de enxugamento do Estado e aumento da informalidade na economia na década de noventa (Hoffman/Centeno 2003, Portes/Hoffman 2003), o apelo inclusivo da retórica corrente é muito atraente para as parcelas excluídas da população e para ideólogos de esquerda. Não apenas isto, está relacionado também com limitações existentes no funcionamento das democracias representativas na América Latina. Deste modo, a discussão acerca da qualidade da democracia é central para entender o surgimento de uma visão crítica sobre o regime e sobre desafios aos seus princípios básicos.³

Estas mudanças, naturalmente, encontram resistência das elites tradicionais e daqueles preocupados com a aproximação desses novos regimes com o populismo e socialismo, assim como com a queda das características constitucionais liberais que marcaram a democracia na América Latina (Zakaria 1996, Seligson 2007). Esses grupos, novamente em alguns países, tem reagido de forma contundente aos processos de reforma institucional implantadas após as crises. O resultado dessa situação é um aumento na instabilidade política, no conflito e na violência política na região e recorrentes impasses e crises constitucionais.

Mas, quais são esses países que claramente atravessaram crises e impasses políticos recentes e posteriormente embarcaram em processos de mudança constitucional que alteram a ordem democrática? Venezuela, Equador e Bolívia – com violência generalizada pelas ruas, sérios desafios impostos aos governos por forças de oposição e questionamento consistente das reformas de governo – são paradigmas desta nova situação de instabilidade na região.

A recente literatura sobre novas formas de instabilidade na América Latina tem oferecido uma extensa lista de presidentes fracassados – Equador e Paraguai, mais recentemente, mas também Argentina, são os grandes exemplos –que integram esta nova dinâmica de instabilidade política (Perez-Liñan 2007, 2008, Llanos/Marsteintredet 2010). Se levarmos em consideração também os constantes questionamentos de resultados eleitorais, o aumento da incidência de protestos políticos e manifestações de rua, esses episódios de instabilidade podem também indicar um novo processo de turbulência política regional com sérias implicações para o funcionamento da democracia. Desta forma, contrariando a literatura sobre novas formas de instabilidade política que afirma que as crises atuais não levam à mudanças no regime, acontecimentos recentes em alguns países da América Latina permitem-nos especular que mudanças no regime não devem ser totalmente descartadas dentre as possíveis consequências das crises. Ou seja, o saldo das crises democráticas pode resvalar em alterações na ordem institucional e claramente condicionar as formas como os cidadãos desses países pensam sobre seus regimes, principalmente em contraste com países que não atravessaram tais crises.

Ao listar os eventos desta natureza ocorridos nas últimas duas décadas (até 2007), Boniface define crise como a “interrupção repentina ou irregular do processo institucional político-democrático”, conforme definido na Resolução 1080 da Organização dos Estados Americanos (OEA), e qualquer “alteração inconstitucional da constituição (…) que seriamente debilite a ordem democrática”, como indica a Carta Democrática de 2001 da OEA (Boniface 2007, 46-47). Seguindo esse critério, Boniface identifica 19 episódios de crise constitucional na América Latina entre 1991 e 2007. Cinco referem-se a golpes de Estado ou auto-golpes – Haiti (1991), Peru (1992), Guatemala (1993), Equador (2000) e Venezuela (2002) e um caso de ameaça militar de retirada de um presidente antes do termino de seu mandato: Paraguai em 1996. Outro grupo de casos – Paraguai (1999/2000), Bolívia (2003), Haiti (2004) e Equador (2004/2005) – “ocupam uma área cinzenta” porque eles envolvem violência, renúncias de presidentes e acusações de golpes, mas não tão claramente quanto os primeiros seis casos. Os nove casos restantes são vistos como exemplos de falhas em eleições majoritárias ou impasses constitucionais. Eles incluem República Dominicana (1994), Equador (1997), Haiti (2000/2003), Peru (2000), Argentina (2001), Trinidad e Tobago (2000/2001), Bolívia (2005) e Nicarágua (2001/2005).

Estes dados indicam que alguns países na América Latina são mais propensos a episódios de instabilidade que outros. Portanto, a América Latina atual pode ser dividida em dois grandes grupos de casos: países que têm enfrentado turbulência política radical na última década e países que não enfrentaram tais situações. Assim sendo, surgem duas perguntas. A primeira seria por que um grupo de países sofre um tipo ou outro de crise enquanto outros não? Existem traços comuns ou padrões entre os distintos grupos? A segunda pergunta seria quais são as consequências desses golpes para os grupos sociais desses países? Os cidadãos desses países têm opiniões sobre seus regimes políticos diferentes dos cidadãos de países que não passaram por essas crises?

Nós exploramos aqui o segundo conjunto de perguntas, com foco nas consequências da crise sobre regimes políticos a partir da ótica dos cidadãos e contrastando países que sofreram e os que não sofreram crises democráticas. Esta é portanto uma investigação sobre os efeitos de uma década de crise política na região sobre a opinião pública, que é medida por meio das pesquisas fornecidas pelo Barômetro das Américas de 2008 em todos os países do continente. Não serão exploradas as causas da instabilidade. Este é uma meta para um projeto futuro⁴. Nós começamos pela investigação dos efeitos da crise sobre a perspectiva dos eleitores acerca da legitimidade de seus regimes políticos, fator esse intimamente ligado ao surgimento de rupturas na ordem democrática nos anos 70, como apontou Linz (1978) e que hoje continuam presentes nas preocupações de pesquisadores da região, como Booth/Seligson (2009).

Este artigo procura contrastar as visões de cidadãos de países que atravessaram crises com os que não atravessaram em fatores que são vistos pela literatura especializada como centrais para entendermos processos de instabilidade e quebra do regime democrático: perda de legitimidade, entendido aqui como apoio popular e aquiescência à democracia. Deste modo, o foco é em como indivíduos pensam sobre seus governantes, sobre o regime democrático e acerca de seus problemas cotidianos.

Obviamente, a opinião dos cidadãos sobre regimes políticos não é a única explicação para mudanças de regime. Alinhamentos de elites, desenhos institucionais, problemas econômicos estruturais e fatores internacionais levam – isoladamente ou em conjunto – a instabilidade e queda de um regime político (Przeworski 1986: 50). Portanto, deve ficar claro que o apoio popular, que será discutido posteriormente em detalhe, é necessário mas insuficiente para explicar mudanças de regime. Todavia, as formas como cidadãos e cidadãs pensam sobre seus regimes pode ter impactos relevantes para a estabilidade e o aprofundamento da democracia em sua fase de consolidação (Reis/O’Donnell 1989, Moisés 1995). Assim sendo, a pesquisa sobre apoio e visão popular no que se refere à democracia é uma forma de medir o grau de consolidação da democracia na América Latina.

Além disso, em um momento quando a participação popular se torna um aspecto central de inovação no funcionamento da democracia para os otimistas (Avritzer 2002) ou uma ameaça à democracia representativa para os pessimistas (Mainwaring et al. 2006), é importante entender como os cidadãos percebem os sistemas políticos e a qualidade de seus representantes e servidores públicos.

Em resumo, o objetivo deste trabalho é analisar como a ótica popular sobre corrupção e crime, a performance econômica dos governos, a participação individual em movimentos de protestos e o funcionamento das instituições democráticas diferem entre cidadãos de países que enfrentaram crises democráticas a partir de 1995 dos países que não passaram por tais crises. As crises do início dos anos 90 não devem ter reflexos nas visões atuais dos cidadãos sobre os regimes. A diferença temporal pode ser muito grande e as crises nesses países não levaram à reformas profundas do sistema político. Por esta razão, Guatemala e República Dominicana – presentes na lista de Boniface – não são incluídos entre os países que enfrentam crises nesta análise. Portanto, crises democráticas podem ocorrer em qualquer lugar. Algumas podem levar à mudanças radicais na democracia e outras não, mas nenhum regime está imune à crises. Na verdade, a forma de resolução das crises é que passa a ser central sobre o seu saldo, seu impacto no futuro. Pode-se argumentar que o nível de consolidação da democracia é definido por como regimes lidam com suas crises políticas. Desta forma, as consequências da crise se tornam chave para entender as perspectivas para consolidação da democracia.

Eu me baseio na rica literatura sobre legitimidade política, assim como em estudos mais recentes acerca da qualidade da democracia e representação para orientar a análise empírica. Finalmente, emprego pesquisas de opinião pública do Barômetro das Américas de 2008, realizadas em todos os países da América Latina, da América do Norte, além de Haiti, República Dominicana e Jamaica a fim de explorar as perspectivas dos cidadãos sobre os fatores listados anteriormente. Tendo em vista que estudos prévios nesta agenda de pesquisa utilizam dados de 1996, eu atualizarei esses resultados (Mainwaring 2006).

2. Legitimidade, Qualidade e Consolidação da Representação democrática

Juan Linz define legitimidade como “crença que, apesar das limitações e falhas, as instituições políticas existentes são melhores que quaisquer outras que possam ser estabelecidas e, por isso, podem demandar obediência” (1978: 16). Ele sustenta que reações da opinião pública são um indicador indireto de legitimidade, pois são uma reação à atuação de elites políticas que tem desempenhado de forma insatisfatória seu papel representativo. Mainwaring complementa esse raciocínio argumentando que “onde cidadãos comuns não são comprometidos com a democracia, eles estarão abertos à lideres e grupos de ‘oposição desleal’” (1992: 307). Tais líderes, que não tem compromisso claro com o regime político democrático, mas prioritariamente com seus próprios projetos de poder, podem gerar amplas ondas de reprovação popular, também frustrada com o desempenho do regime. Por isso, a percepção dos cidadãos sobre o funcionamento do Estado, sobre o desempenho do governo e das instituições políticas se torna central para entender o saldo, as consequências das crises e falhas do regime.

A idéia de legitimidade está intimamente relacionada ao conceito de consolidação democrática, ambas no centro de debates importantes na literatura sobre a transição de regimes. O’Donnell claramente diferencia duas etapas no processo de mudança de regime (O’Donnell 1989). O primeiro é rotulado como transição, que é marcado pela alteração na configuração institucional do regime. Ele começa como um processo de reforma institucional que culmina em uma mudança dramática no sistema político, alterando completamente as regras de como atores políticos interagem e como decisões são tomadas. Um segundo momento é aquele que começa após a conclusão do processo de mudança institucional e foi chamado de “período de consolidação”, referindo-se a como atores políticos incorporam e aceitam a novas regras do jogo. Deste modo, o momento de consolidação é de incorporação e incorporação por parte de todos os atores políticos – do eleitor/cidadão ao representante eleito, incluindo oposição e situação – das práticas e instituições democráticas e da aceitação delas como únicas formas válidas e legítimas de obediência à ordem política. A questão da consolidação da democracia é, consequentemente, uma de forjar a legitimidade do sistema político. Esta questão se refere à como elites e massas vêem seu sistema político, obedecem as regras e apesar de discordarem sobre as direções dos governos, não questionam o regime. Em outras palavras, trata-se de haver apoio latente ao sistema, independentemente de apoio específico, que remete a uma prática de apoiar as instituições e princípios democráticos sem necessariamente deixar de ser crítico dos governantes de plantão (Booth/Seligson 2009).

Expostas tais afirmações teóricas, o que as atuais crises da democracia na América Latina representam para a legitimidade do regime? Estas crises deixam para trás um legado de instabilidade que influencia como cidadãos pensam sobre seus sistemas políticos e como eles se comportam politicamente? Qual a profundidade das cicatrizes deixadas pelas crises democráticas – se é que elas existem – nas visões, crenças e preferências sobre política? Essas perguntas são sobre política de massa e legitimidade do regime baseada na percepção dos cidadãos. Cidadãos em países que enfrentam crises democráticas recentemente vêem sistemas políticos diferentemente dos cidadãos de outros países?

3. Algumas hipóteses sobre as consequências das crises democráticas

Se as cicatrizes das crises democráticas são profundas e se, de fato, deixam um legado, espera-se ver diferenças entre países que enfrentaram crises e aqueles que não. Isto indicaria que a natureza esporádica das crises tem efeito muito mais longo no que se refere à estabilidade do regime do que a literatura corrente imagina. Tal fato traz para o centro da discussão o ponto de que crises malresolvidas são um desafio significativo para a consolidação da democracia em alguns países da América Latina.

et al