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Gow, David D.

En minga por el Cauca: El gobierno del Taita Floro Tunubalá, 2001-2003 / David D. Gow y Diego Jaramillo Salgado. —Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. Escuela de Ciencias Humanas, Editorial Universidad del Cauca.

292 p. —(Colección Textos de Ciencias Humanas)

ISBN: 978-958-738-379-9 (rústica)

ISBN: 978-958-738-380-5 (digital)

Cauca (Región, Colombia) – Situación política / Cauca (Región, Colombia) – Situación socioeconómica / Cauca (Región, Colombia) – Política y gobierno / Cauca (Región, Colombia) – Historia política / I. Tunubalá, Floro / II. Jaramillo Salgado, Diego / III. Título / IV. Serie.

351.0986153 SCDD 20

Catalogación en la fuente – Universidad del Rosario. Biblioteca

amv Julio 22 de 2013

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995

A los procesos de las organizaciones y movimientos sociales
del Cauca, por su lucha por la dignidad

Agradecimientos

Varias instituciones y personas posibilitaron este estudio. La investigación en la que se basa este libro fue financiada en parte por una beca otorgada a David Gow por la Comisión Fullbright en el 2007. La Elliott School of International Affairs de George Washington University apoyó a Gow con los gastos de viaje durante los años de la investigación y con los gastos de traducción de algunos capítulos.

La investigación de archivo en Colombia fue facilitada, en gran medida, por el personal de las siguientes instituciones: el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que nos concedió acceso a su Archivo de Prensa; el Archivo Histórico del Cauca, que nos dio acceso a sus archivos de periódicos locales; la Gobernación del Cauca, que proporcionó documentos importantes de la época de Floro Tunubalá, y la Asamblea Departamental del Cauca, que hizo disponibles sus archivos de los años de 2001 a 2003.

En el plano individual, hay dos grupos de personas que posibilitaron este estudio. Primero, agradecemos a la gente que aceptó ser entrevistada: Floro Tunubalá y los miembros de su gabinete, así como los diputados de la Asamblea Departamental del Cauca, a quienes agradecemos su disposición de hablar con franqueza acerca de sus experiencias. Segundo, agradecemos a Mauricio Archila, Henry Caballero, María Clemencia Ramírez y Joanne Rappaport, por haber leído y comentado el borrador de este libro.

Además, queremos agradecer a Cristóbal Gnecco, por su traducción al castellano de varios de los capítulos, y a Nidia Jaramillo, por su transcripción de las entrevistas.

Finalmente, queremos agradecer a Juan Felipe Córdoba, director de la Editorial Universidad del Rosario; así como a Ingrith Torres Torres, coordinadora editorial, por su constante apoyo y aliento a lo largo de los años. También deseamos agradecer a Jafeth Gómez Ledezma el permiso de usar una de sus pinturas como carátula de este libro.

Introducción
Enfrentando la otra Colombia

En octubre de 2000, los votantes en el departamento del Cauca, situado en el suroccidente de Colombia, eligieron gobernador a taita Floro Tunubalá durante los tres años siguientes. En su campaña electoral, Tunubalá había prometido que si era elegido, establecería un gobierno alternativo que se orientaría por un Plan Alterno, el cual abordaría de frente el Plan Colombia respaldado por Estados Unidos, con su énfasis en la seguridad y en el control a los cultivos ilícitos; pero el plan estaba destinado a ser más que esto. Según Diego Jaramillo, uno de sus consejeros y coautor de este libro:

A fin de cuentas [el Plan Alterno] era plantear una alternativa al neoliberalismo, era plantear una alternativa al modelo capitalista que estaba generando desigualdad, injusticia, toda esta cuestión militarista, toda esta cosa que se estaba produciendo y que estaba llevando a un impacto muy fuerte en términos de las comunidades […] Un programa que debía ser el que orientara la lucha de las organizaciones sociales en el departamento.1

Su elección fue notable por varias razones. Como miembro del grupo étnico guambiano fue el primer gobernador indígena elegido en la historia del Cauca. Un departamento famoso por su resistencia indígena en un país donde menos del 3 % de la población se considera indígena como tal.2 Fue elegido sin el apoyo de un partido político. Sus partidarios crearon el Bloque Social Alternativo (BSA), una coalición de organizaciones y movimientos sociales progresistas y de izquierda que incluyó sindicatos, movimientos campesinos, pequeños agricultores, profesores, organizaciones de derechos indígenas, como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO); organizaciones regionales; organizaciones de mujeres, y la Alianza Social Indígena (ASI), un partido político creado en 1991 como resultado de la desmovilización de los miembros del Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), un movimiento guerrillero regional, fundamentalmente indígena. La afluencia de votantes en la elección fue la más alta que se haya registrado hasta esa fecha y el número de votos más del doble de lo usual. De los 341.925 votos emitidos, él obtuvo 148.183, y su contrincante, 132.024 (“Histórica elección” 2000: 1A).

En su discurso de aceptación, Tunubalá convocó a todos los habitantes del Cauca —mestizos, indígenas y afrodescendientes— a trabajar juntos para resolver los mayores problemas de la provincia: pobreza, corrupción, violencia, impunidad, narcotráfico y desempleo (Tunubalá 2000). Esta convocatoria fue expresada en la consigna “En minga por el Cauca”, que se convirtió en uno de los principios rectores de su gobierno, bajo la idea de que la gente debería trabajar unida por el bien común desde la tradición andina de la “minga”, todavía practicada regularmente en muchas comunidades indígenas y campesinas del Cauca.3 El objetivo era crear un espacio político para la participación de todos los sectores sociales, políticos y económicos en la construcción de un Cauca que incluyera a todos los ciudadanos. La base de esta transformación sería un plan de desarrollo social y económico que respetara los derechos humanos, practicara el desarrollo sostenible y promoviera la democracia regional.

El estado de la nación

Al final del siglo pasado y comienzos del nuevo milenio, la Colombia rural era epítome de muchas de las peores características del desarrollo no equitativo, a pesar de la catalogación del país como de “alto desarrollo humano” por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su más reciente Índice de Desarrollo Humano, en el cual quedó de 87 entre 187 países. El Estado es muy centralizado y las decisiones políticas y fiscales más importantes se toman en la capital, Bogotá, lo que deja a los gobiernos departamentales y municipales frustrados, pobres e impotentes. La distribución del ingreso es la más desigual en América Latina. Al final de la primera década del siglo XXI, el coeficiente Gini fue 58,5; el porcentaje de personas que vive por debajo de la línea de pobreza fue de 46,8, y el quintil de proporción de ingreso fue 24,8; es decir, el ingreso promedio del 20 % más rico fue casi 25 veces mayor que el del 20 % más pobre (CIA 2009).4

La concentración de la propiedad de la tierra era muy alta, una tendencia que se ha pronunciado desde la década de los ochenta. Aunque es difícil conseguir datos precisos, en 2009, 18 de los 32 departamentos tenían índices Gini mayores que 0,8, lo cual indica que la distribución de la tierra estaba muy desigual. Entre 2000 y 2009, el índice Gini creció en 23 departamentos. El número de pequeños agricultores (menos de 50 hectáreas) se incrementó en un 16 % y constituyó el 88 % de todos los propietarios de tierras. Entre tanto, el número de agricultores medianos (50-500 hectáreas) y grandes (más de 500 hectáreas) creció en un 14,3 % y un 32,6 %, respectivamente. En 2009, el 1,6 % de los propietarios de tierras, clasificados como grandes, controlaban el 28,5 % de la tierra, y los pequeños propietarios solo controlaban un tercio (PNUD 2011: 198-205). Si usamos criterios distintos, la situación de la tenencia de la tierra es aún más alarmante: el 79,3 % de los agricultores considerados minifundistas ocupaban el 10,6 % de las tierras disponibles; mientras que el 1,15 % de los clasificados como latifundistas ocupaba el 52,2 % de la tierra (PNUD 2011: 205-206).

Esta es solo parte de la historia. De las catorce millones de hectáreas clasificadas como arables, solo cuatro millones (el 30,6 % del total) estaban cultivadas en 1999 (Guigale et al. 2003: 560-564). La “escasez” de tierras, que algunos comentaristas llaman “reforma agraria al revés”, ha sido exacerbada por el desplazamiento masivo de más de cinco millones de campesinos en los últimos veinte años, sacados de sus tierras por actores armados de la derecha y de la izquierda.

La corrupción política es rampante en todas las esferas de la sociedad, alimentada por la economía del narcotráfico, enquistada en el proceso político. Esta situación se ha incrementado, significativamente, en la última década. Existe una guerra civil de baja intensidad caracterizada por una presencia guerrillera de vieja data, disminuida pero resistente, enfrentada por la presencia paramilitar más reciente, estrechamente asociada con los militares, los narcotraficantes y las élites políticas y económicas. En algunas regiones del país, donde la presencia del Estado es mínima, el poder ha sido compartido con las guerrillas, los paramilitares y los grupos criminales, algunas veces compuestos por exguerrilleros, exparamilitares y criminales comunes. Cuando las élites se han sentido excesivamente amenazadas por la posibilidad de un cambio radical, han actuado decidida y brutalmente. En un periodo de ocho meses entre 1989 y 1990, tres candidatos presidenciales, todos progresistas a su manera, fueron asesinados.5

En 1991, el nuevo presidente, César Gaviria, convocó la Asamblea Nacional Constituyente como respuesta parcial a estos trágicos eventos. Produjo una nueva Constitución que creó oportunidades y espacios políticos para aquellos antes marginados y desdeñados. El mandato para la Asamblea fue amplio, desafiante y polémico, y fue diseñado para resolver la creciente crisis política y “proveer un foro para la reconciliación nacional entre lo que los comentaristas políticos llamaron ‘el país político’ y el ‘país real’” (Van Cott 2000: 51). Los orígenes de la crisis fueron dos. Por un lado, la falta de legitimidad de las élites políticas tradicionales, liberales y conservadoras, que habían gobernado el país desde La Violencia de los años cincuenta, una década de violencia sangrienta estimulada por el asesinato, el 9 de abril de 1948, de Jorge Eliécer Gaitán, un candidato presidencial popular del Partido Liberal. Esta ilegitimidad contribuyó al incremento de la exclusión y el malestar social, la apatía política y la corrupción. Por otro lado, la extendida descomposición social iba de la mano con crecientes índices de violencia perpetrados por las guerrillas, los paramilitares, el Estado y, sobre todo, los carteles de las drogas (Dugas 1993a).

El estado del departamento

El departamento del Cauca, localizado en el suroccidente del país, es famoso por el café, el azúcar, los productos agrícolas y el ganado; así como por una economía alternativa basada en el cultivo y procesamiento de cultivos ilícitos como coca, marihuana y amapola. También es conocido por sus desigualdades sociales, económicas y políticas; por su violencia política, con la presencia activa de grupos armados, sobre todo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en menor medida del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de los paramilitares. Hay movilización de grupos indígenas y campesinos marginados, participantes activos en varios movimientos sociales en marcha. Esta capacidad probada de organización local dio frutos en la elección de Tunubalá.

En la década que antecedió a la nueva Constitución hubo movilizaciones populares en el Cauca, usualmente como acciones y marchas dirigidas por movimientos indígenas o por los movimientos campesinos del macizo colombiano, en el sur del departamento. En noviembre del mismo año, el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) bloqueó la carretera Panamericana durante veinticinco días, al norte y al sur de Popayán. Esta experiencia colectiva y su relativo éxito animaron a los participantes y partidarios a enfrentar retos más grandes, específicamente en la arena política (Jaramillo 2005a). La izquierda política en el Cauca era escéptica de la política electoral. Prefería salir a las calles, en vez de participar en las elecciones, porque estaba convencida de que estaban amañadas y de que no podía confiar en la mayoría de los políticos.6 El éxito del CIMA ayudó a cambiar esta mentalidad y animó a los líderes, por primera vez, a participar en la política electoral. En algunas ocasiones con expectativas poco realistas sobre lo que podía hacer un gobernante elegido, como un gobernador que representa a todos los habitantes del departamento y los intereses del Estado, en este caso al gobierno nacional en Bogotá, con todas las tensiones, limitaciones, contradicciones y requerimientos burocráticos consagrados en la Constitución, un hecho de la vida política que fue pasado por alto por los partidarios más radicales de Tunubalá (Rappaport 2005: epílogo).7 Un cambio de actitud contribuyó a la formación del BSA, una coalición de varias organizaciones y movimientos sociales locales —algunos de los cuales fueron participantes activos en el bloqueo promovido por el CIMA— que escogió al taita Floro Tunubalá como candidato y lo llevó a elegir como el primer gobernador indígena del Cauca, un logro que antes hubiera sido imposible.

Aunque la población indígena del Cauca es relativamente alta, con cerca del 25 % de un total de 1,3 millones de personas, Tunubalá no recibió su apoyo total. Muchos indígenas prefirieron apoyar a su oponente, el director departamental de salud. Su candidatura fue respaldada por el gobernante Partido Liberal, viejo dominador de la política departamental, y por los demás partidos y grupos tradicionales. El fuerte apoyo que recibió en Popayán, la capital del departamento, una ciudad básicamente mestiza de 250.000 habitantes, le permitió al líder indígena ganar allí por 15.000 votos, un margen suficiente para otorgarle el triunfo. Su éxito se debió, en buena medida, al disgusto generalizado en el espectro político con el gobernante Partido Liberal, vástago de las élites locales, corrupto, que nunca rindió cuentas y practicante devoto de la politiquería y de la forma usual de hacer las cosas. También era preocupante el hecho de que los liberales habían permitido que el Cauca se volviera ingobernable, porque no querían o no eran capaces de enfrentar la creciente violencia.8 Este patrón continuó en la década de los noventa, y 1999 fue clave. En junio, el CRIC, la más antigua organización indígena en Colombia (fundada en 1971), bloqueó la Panamericana durante once días (Espinosa 2005). Un resultado más inmediato fue el establecimiento de La María-Piendamó como espacio político alternativo, donde la sociedad civil pudiera discutir cómo resolver los conflictos y negociar la paz (CRIC s. f.).

La victoria de Tunubalá también fue una respuesta a las políticas neoliberales del gobierno nacional que habían afectado, negativamente, la economía predominantemente agrícola del departamento, mientras estimulaban, al mismo tiempo, el crecimiento de la economía del narcotráfico, usualmente respaldada por una presencia creciente de fuerzas paramilitares y la participación de los movimientos guerrilleros.

Cuando preguntamos a Tunubalá qué lo llevó a lanzarse a la gobernación, identificó varios elementos cruciales. Primero, conocía bien el Cauca y había experimentado la pobreza y la ausencia del Estado en el departamento. Además, había participado durante los últimos veinticinco años en la lucha por recuperar las tierras indígenas expropiadas por los poderosos. Estuvo involucrado, activamente, en la Constituyente, como asesor de Lorenzo Muelas, y después fue uno de los primeros senadores indígenas del país. También había sido gobernador de los guambianos, uno de los grupos indígenas más experimentado en términos políticos del departamento. Finalmente, puesto que nunca había existido un plan de desarrollo para el Cauca, él y su gabinete tendrían la oportunidad de ofrecer una forma alternativa de gobierno y un plan alternativo de desarrollo para el departamento.9

El reto de un gobierno alternativo

Desde el inicio de su administración, Tunubalá y su gabinete determinaron que el suyo sería un “gobierno alternativo”. En América Latina hay mucho interés en estudiar los gobiernos alternativos, porque son progresistas, generalmente, con una idea de mejoramiento de la situación social y económica de quienes han sido marginados o abandonados por los gobernantes actuales. La creación de un gobierno alternativo ofrece la oportunidad de estudiar cómo se puede incorporar o integrar al pueblo en procesos políticos y sociales que mejoren su calidad de vida, compartan el poder político y ofrezcan una visión diferente sobre el futuro de sus familias. En América Latina, los estudios de gobiernos alternativos departamentales o provinciales son pocos porque se consideran débiles y con poco poder político o económico (Whitehead y Gray-Molina 2003).10 Por eso, los académicos afirman que su estudio no tiene mucha utilidad, a pesar de que se han implementado varios procesos de descentralización en diferentes países del continente, más que todo en el ámbito municipal. En los últimos años los estudios de gobiernos alternativos se han enfocado más en los municipios, porque pueden servir de punto de referencia para este análisis. Debido a este vacío, es potencialmente útil recoger ideas, sugerencias y consejos de la literatura reciente en ciencias sociales sobre gobiernos municipales. Los problemas y los asuntos encontrados pueden facilitar una mejor comprensión de aquellos encontrados en el ámbito departamental.

Las investigaciones recientes sobre gobiernos alternativos realizadas por académicos del norte se han enfocado en Bolivia, Brasil, Ecuador y México, porque en las dos últimas décadas en esos países se han hecho reformas potencialmente radicales en la esfera municipal.11 La premisa principal que justifica la creación de gobiernos alternativos es la esperanza de que las condiciones, como quiera que sean definidas, se mejoren. Aunque hay interés en fortalecer la participación y mejorar la gobernabilidad, el asunto clave es cómo puede contribuir un gobierno alternativo local a “la creación de un Estado más humano, justo y abierto”.12 Bebbington et al. (2006: 319-320) argumentan que el énfasis debe estar en el mejoramiento de la calidad de vida, especialmente en la disminución de la pobreza a través de la asignación de recursos para proveer bienes públicos e implementar programas que disminuyan la falta de equidad. Aunque sus estudios de caso en los municipios de Brasil, Colombia, Ecuador y Chile no demuestran esos resultados tangibles, sí sugieren que la experiencia de gobiernos alternativos puede contribuir a sentimientos más fuertes de identidad colectiva y a la creación de un “nosotros” en los actores participantes. En otras palabras, existe una dimensión moral y política en el gobierno alternativo.

Estas sugerencias son importantes, porque señalan uno de los principales problemas en el estudio de este tema: la tensión existente entre las aspiraciones de un gobierno alternativo y lo que realmente sucede en el terreno. En su estudio comparativo de los gobiernos municipales en Ecuador y Bolivia, Van Cott (2008) examinó si las innovaciones institucionales establecidas, aquellas que habían sobrevivido a cambios en la administración y estaban abiertas a todos, habían producido una “mejor gobernabilidad local”, específicamente el mejoramiento de la calidad de la democracia y el empoderamiento de los ciudadanos. Van Cott llama al tipo de gobierno alternativo que le interesa democracia progresista, con su enfoque en valores, cultura y profundización de la democracia, haciéndola más participativa y deliberativa.13 Aunque existen superposiciones en los enfoques que escogió, ella identifica tres escuelas de pensamiento: participativa, asociativa y deliberativa (Van Cott 2008: 15-19). Tunubalá y los miembros de su gabinete se identificaron como demócratas participativos, un tipo que, de acuerdo con Van Cott, busca incrementar las oportunidades de participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisión gubernamentales locales. Estas innovaciones pueden provocar cambios estructurales macro en las instituciones de gobierno. Los factores que Van Cott identificó como contribuciones a la innovación institucional en los municipios, comunes a los tres tipos de democracia progresista, son los contextos legales y políticos, el liderazgo local y el “apoyo de un partido político cohesionado y orgánico con raíces en la sociedad civil” (Van Cott 2008: 211). Aunque estos hallazgos no son sorprendentes, subrayan la dimensión política.

La mayor parte del pensamiento contemporáneo sobre desarrollo alternativo está inspirada en el trabajo seminal de Fung y Wright (2001), su investigación comparativa de lo que llamaron democracia deliberativa empoderada (DDE) basada en estudios de caso en India (Kerala y Bengala Occidental), Brasil (Porto Alegre) y Estados Unidos (Chicago, Milwaukee y otras regiones del país). Los casos se seleccionaron con base en tres principios: potencial para ser progresivamente democráticos, teniendo en cuenta su dependencia de la participación y la capacidad de la población local; ser deliberativos en la institucionalización de procesos de toma de decisión basados en discusiones razonadas, y empoderamiento, puesto que trataron de ligar la discusión a la acción. Para que este potencial fuera realizado debían cumplir algunas precondiciones: la devolución de la toma de decisiones y de la implementación de la autoridad local; la práctica de la “descentralización coordinada”, en la que el Estado continúa desempeñando un papel central, y la “colonización y transformación” de la burocracia estatal para que los principios de la DDE pudieran ser institucionalizados con el tiempo.

Los autores no tienen problema en reconocer que este modelo ambicioso es problemático y criticable y varias de sus preocupaciones son pertinentes para este trabajo. Primero, la deliberación empoderada puede exigir altos índices de participación que no son realistas y producir expectativas falsas sobre el comportamiento de los líderes poderosos, las facciones o las élites. Segundo, la profundidad e intensidad de esta deliberación no tienen que traducirse, necesariamente, en acción efectiva. Tercero, el proceso puede ser difícil de sostener a largo plazo, sobre todo si no se puede demostrar que los resultados obtenidos son más deseables que aquellos logrados por las disposiciones institucionales previas (Fung y Wright 2001). Sin embargo, su énfasis en la continuidad del papel del Estado y la transformación de la burocracia estatal es fundamental, porque pueden ser más duraderos que los compromisos y los caprichos pasajeros de los políticos elegidos. Cornwall (2008) ha criticado el modelo de DDE en tres aspectos, al cuestionar las suposiciones normativas incrustadas en el debate actual sobre la democracia deliberativa y la gobernabilidad participativa. El primero es la ausencia de mención o discusión de la cultura política, las prácticas culturales asociadas con formas particulares de conducta política. La investigación de los movimientos sociales en América Latina los ha visto a través de la óptica de las políticas culturales y el proceso de cuestionar, negociar y formular principios y conceptos clave: “Cuando los movimientos despliegan concepciones alternativas sobre la mujer, la naturaleza, la raza, la economía, la democracia o la ciudadanía que trastornan los significados culturales dominantes promulgan una política de la cultura” (Álvarez, Dagnino y Escobar 1998: 7); en otras palabras, la cultura es política porque busca redefinir el poder.

La segunda suposición es la naturaleza de la democracia deliberativa propuesta, específicamente el significado de la afirmación de que la “Deliberación requiere sensatez, de manera que el compromiso con los procesos deliberativos puede requerir la abstinencia de métodos vigorosos de enfrentamiento del poder” (Fung y Wright 2001: 34). Cornwall piensa que este énfasis en el consenso y la cooperación en la solución de problemas es simplista y falto de realismo y cita el modelo agonista de Mouffe para entender mejor las pasiones que dirigen la política y la participación política; en ese modelo el “agonismo” (lucha entre adversarios) es cuidadosamente diferenciado del “antagonismo” (lucha entre enemigos): “El énfasis excesivo en el consenso, junto con una aversión a la confrontación, produce apatía y falta de interés en la participación política” (Mouffe 2002: 10). Los participantes en la arena política llevan a la mesa diferentes estilos de debate y argumentación, desde quienes ofrecen debates razonados y apelan a principios amplios hasta quienes son combativos, argumentativos y confrontadores, dependiendo de las historias y trayectorias políticas individuales. Citando la propuesta de Dryzek (2005) de que la teoría deliberativa necesita incorporar elementos de cuestionamiento —como retórica, testimonio, actuación y bromas— si quiere ser más robusta frente a la diferencia, Cornwall enfatiza que los espacios donde se practica “la gobernabilidad participativa empoderada” no son neutrales sino que, más bien, son “sitios para el activismo político y la construcción de alianzas y articulaciones que cubren una pluralidad de espacios políticos” (2008: 528).

El último elemento que falta en el modelo de la DDE es la referencia a, o la discusión, sobre políticas partidistas, algo sorprendente puesto que la afiliación a partidos políticos y las prácticas culturales que se aprenden en los espacios políticos pueden afectar, significativamente, las dinámicas de la gobernabilidad participativa. Aunque el papel de la política ha sido bien documentado por Heller (2001) para la planeación participativa en Kerala y para el presupuesto participativo en Porto Alegre, la política partidista se ha convertido, en algún sentido, en “el elefante en el cuarto”, es decir, una realidad obvia y contundente que todo el mundo intenta pasar por alto (Cornwall 2008: 513). Sin embargo, como señaló Heller, existe un componente ideológico en esas dos conocidas experiencias que resulta vital para explicar su “éxito”. La inclusión de las políticas partidistas posibilita un análisis más cercano de su efecto en las micropolíticas que florecen en las instituciones de gobernabilidad participativa y del grado y profundidad del compromiso político que cubre a la “sociedad civil” y al “Estado” a través de las redes y afiliaciones de los partidos.

Aunque el liderazgo desempeña un papel importante en cualquier forma de gobierno, varios investigadores lo han mirado más de cerca en el contexto de los gobiernos alternativos. En Ecuador, Van Cott encontró que los gobiernos alternativos más sostenibles fueron dirigidos por alcaldes que construyeron relaciones exitosas con otros grupos y organizaciones, quienes aseguraron deliberaciones abiertas y más democráticas y evitaron la creación de una “élite deliberativa” (Van Cott 2008: 84-85). Sunstein (2003) ha argumentado que ese grupo, a falta de otras perspectivas, corre el riesgo de convertirse en un enclave aislado y de adoptar posiciones más extremas que conducen a la polarización grupal o, alternativamente, de volverse monolítico y establecerse en su propio dogma.

En su estudio comparativo de gobiernos municipales en Bolivia, Ecuador y Perú, Cameron (2010: 318-324) trata, directamente, con el poder y la política y cuestiona mucha de la sabiduría convencional. Primero, pone el relieve en el papel fundamental de las organizaciones comunitarias como un lugar de entrenamiento para desarrollar importantes habilidades políticas y administrativas. Siguiendo a Van Cott (2008) y Grindle (2007), Cameron sugiere que estas habilidades ayudarán a construir y sostener instituciones locales desde abajo. Segundo, señala la relación ambigua y, algunas veces, polémica entre los gobiernos locales y otras organizaciones locales, como los movimientos sociales o sindicales. Desde su perspectiva, el gobierno local no puede funcionar de manera efectiva sin autonomía, y las organizaciones locales ya no son los únicos intermediarios con la población local. Tercero, encontró que el papel de los partidos políticos es mucho menos importante de lo que indica la literatura, porque practican políticas partidistas y están fracturados por conflictos partidistas. En los seis casos que estudió, la autonomía relativa de los partidos políticos fue un factor importante en el proceso de profundización de la democracia. Finalmente, los lazos, más allá de lo local, con movimientos sociales y partidos políticos más amplios facilitaron la participación en luchas más generales y reformas redistributivas nacionales.

Eso también aplica para los departamentos, y lo que ocurre allí debe entenderse en términos de la relación con el gobierno nacional. Las investigaciones realizadas en Colombia durante la década pasada intentaron explicar las diferencias entre los 32 departamentos del país y sus relaciones —políticas, económicas y culturales— con el gobierno nacional en términos de “la presencia diferenciada del Estado”, el legado histórico de la incapacidad del gobierno central para controlar, completamente, el territorio nacional o monopolizar el uso de la violencia (González y Otero 2010: 31). Como resultado, la presencia y la profundidad de las instituciones del Estado difieren considerablemente, dependiendo del grado de integración de los departamentos. Entre más integrado esté un departamento a la economía nacional, mayor será la presencia de las instituciones del Estado. Entre menos integrado esté, menor será la presencia de estas instituciones y la necesidad del Estado de descansar en las élites locales en lo que ha sido llamado, por algunos, modernización selectiva del Estado y, por otros, una forma de dualismo, en la cual las instituciones “modernas, impersonales” son contrarrestadas por instituciones clientelistas “tradicionales”. En los casos más extremos, la presencia del Estado es casi inexistente o se reduce, sobre todo, a la presencia militar. Esta tipología describe, pero no explica, la naturaleza del Estado y su comportamiento.

Das y Poole (2004: 4) sostienen que el estudio de los márgenes, donde las instituciones estatales son clientelistas, en el mejor de los casos, o casi inexistentes, en el peor, puede ofrecer una perspectiva sin igual para entender el Estado, porque “sugiere que esos márgenes son una vinculación necesaria del Estado, tanto como la excepción es un componente necesario de la regla” (Das y Poole 2004: 4). A partir del trabajo de Agamben (1998) y Benjamin ([1978] 1986) proponen que el concepto de este último de estado de excepción ofrece una teoría de la soberanía del Estado que está dentro y fuera de la ley, un proceso dinámico que puede tomar muchas formas, siendo la guerra el ejemplo clásico. La guerra puede redibujar fronteras y redefinir quién es ciudadano y quién no (Das y Poole 2004: 12-13). En la práctica esto puede significar que el monopolio del Estado sobre el uso de la violencia puede ser compartido con o delegado a otros grupos, como las élites locales o los paramilitares, y ello refuerza el reconocimiento de Foucault (1997, citado por Sanford 2004: 257) de múltiples localizaciones del poder. En el caso de Colombia, Sanford (2004: 257) sugiere que la nación es un espacio impugnado “donde la ciudadanía y la soberanía estatal son reconstituidos en los márgenes”. Ese marco puede ayudar a entender mejor la relación entre el gobierno departamental en el Cauca y el gobierno nacional en Bogotá porque, a pesar de su pasado “glorioso”, el Cauca sigue estando en los márgenes.

Aunque el objetivo pragmático de un gobierno alternativo viable bien puede ser mejorar la calidad de vida de la población a través de la provisión mejorada de los servicios públicos y la implementación de programas que ataquen la falta de equidad, también hay objetivos más grandes y trascendentales directamente relacionados con la búsqueda de la ciudadanía. Como Dagnino señala con elocuencia: “Lo que está en juego, de hecho, en las luchas por la ciudadanía en América Latina es más que el derecho de ser incluido como miembro pleno de la sociedad; es el derecho a participar en la definición misma de esa sociedad y de su sistema político” (2003: 215). Este reclamo amerita ser investigado con más detenimiento, porque la experiencia en el terreno puede ser muy diferente. La búsqueda de ciudadanía por parte de la gente puede estar motivada por una variedad de factores, tangibles e intangibles, y las realidades encontradas pueden ser paradójicas y contradictorias. Aunque estos elementos no invalidan la búsqueda, necesariamente, pueden moderar algunos de los supuestos más normativos hechos sobre el proceso. Por ejemplo, Cameron (2010: 334) encontró que la gente miraba los beneficios de la democracia local tanto en términos abstractos como prácticos. Por un lado, había creciente respeto, dignidad y autonomía política pero, por el otro, había más interés en la distribución de los recursos que en el proceso de toma de decisiones, sobre todo cuando los recursos eran destinados a obras públicas, que “se levantan como símbolos de la modernidad en las comunidades rurales en donde la dignidad y el orgullo comunitario estaban parcialmente conectados a las auto-percepciones de la modernización” (Cameron 2010: 336).

El reto del taita Floro Tunubalá

En el caso de Floro Tunubalá y su gobierno hubo un deseo y un compromiso genuino de tratar de cambiar el statu quo, en el sentido de las relaciones políticas, y, hasta cierto punto, también hubo un elemento del “círculo virtuoso”, participación, consulta, y una visión, no siempre claramente articulada y generalmente implícita, de cómo el Cauca y la región podían y deberían ser mejores lugares para vivir y, quizás, servir de ejemplo para el resto de Colombia. Ellos estuvieron en el poder solo tres años. Tunubalá reemplazó a un gobernador muy impopular, César Negret, un joven miembro de la élite caucana, y fue reemplazado por Juan José Chaux, un miembro de la misma élite, quien volvió a la manera tradicional de hacer política y quien, al final de su periodo de gobierno, fue puesto bajo arresto domiciliario por conspirar con grupos paramilitares. Chaux fue reemplazado por Guillermo Alberto González, un vástago de la élite caucana, con un registro distinguido de servicio público como alcalde de Popayán, rector de la Universidad del Cauca, director de El Liberal, el principal diario del departamento, ministro y embajador. Cuando fue gobernador estuvo en riesgo de ser destituido por corrupción, acusado de invertir, ilegalmente, grandes sumas de dinero público en una infame venta piramidal que terminó quebrada. Apeló la imputación, acusando a un respetado miembro de su gabinete de “falta de vigilancia”, y permaneció en el poder.

En contraste, la corrupción fue eliminada bajo Tunubalá y él mismo dio el ejemplo. En un encuentro con el vicepresidente de Colombia, poco antes de terminar su mandato, Tunubalá caracterizó su gobierno así: “Tengan ustedes la certeza de que Floro puede haber metido las patas pero nunca las manos en el erario público de los caucanos” (Gobernación del Cauca 2003a: 3). Pero hubo más que rectitud moral. Tunubalá estaba hablando más de su gobierno que de sí mismo, un logro que muchos señalaron como demostración de lo que era posible en el Cauca y en otras partes del país.14 Aunque esto puede haber sido cierto, la rectitud moral invocada fue sintomática de una actitud más amplia y profunda hacia los problemas y retos del gobierno y hacia las responsabilidades de los elegidos para con los ciudadanos del Cauca y sus necesidades y expectativas. Una manera de entender qué diferencia hizo el gobierno de Floro Tunubalá es estudiar cómo las políticas cotidianas fueron desarrolladas en el terreno desde la perspectiva de quienes estuvieron más activamente involucrados en el proceso.

Los problemas encontrados —aunque particularmente agudos— no eran de ninguna manera exclusivos al Cauca u otras regiones de Colombia. Se pueden encontrar en otros países de América Latina, problemas como la violencia, la falta de recursos, la privatización y la descentralización, la pobreza y la cultura política. Durante los tres años, la violencia perpetrada por parte de los grupos armados prevaleció en varias regiones del departamento y hubo varias amenazas directas al gobierno, más que todo municipales. Como consecuencia de la política neoliberal y de la legislación para racionalizar la situación fiscal del departamento, Tunubalá entró en la gobernación con la obligación de empezar a pagar las deudas contraídas por gobernadores anteriores, una responsabilidad que lo dejó con las manos atadas y con poca posibilidad de implementar programas sociales. Además, durante los tres años que estuvo en la gobernación, el gobierno nacional dictó unas leyes que intentaron impulsar el proceso de privatización de la educación y la salud, otro elemento en un proceso más largo de descentralización. El Cauca era —y sigue siendo— uno de los departamentos más pobres de Colombia con un índice de necesidades básicas insatisfechas muy elevado y una contribución mínima al producto interno bruto. Tunubalá tenía que gobernar en el marco de una cultura política tradicional, clientelista y corrupta, opuesta a todo lo que significaba un gobierno alternativo, y que incluyó a los mismos funcionarios de carrera administrativa que respondieron al político que los nombró.15 Finalmente, como recibió apoyo de varios grupos y organizaciones, algunos progresistas y otros izquierdistas, tenía que confrontar sus manías e idiosincrasias, sobre todo el desafío de colaborar y trabajar juntos en favor del bienestar común. Pero sus años de trabajo con AICO y el movimiento indígena y su elección como producto de una grande movilización social lo prepararon para este desafío.

Algunos observadores pensaron que el departamento había llegado a ser casi ingobernable; sin embargo, no fue así. Para algunos el triunfo de Tunubalá en llegar a la gobernación fue algo milagroso. Pero tampoco fue así. Durante tres años él y su equipo intentaron implementar su propuesta de montar un gobierno alternativo. En consecuencia, el objetivo principal de este trabajo es entender cómo pudieron hacerlo en un contexto tan duro, exigente y desafiante. En otras palabras: ¿qué significó un gobierno alternativo en ese contexto?

Un estudio colaborativo

Este libro es producto de un proceso colaborativo entre dos investigadores bien comprometidos con el departamento del Cauca. Diego Jaramillo Salgado fue profesor de Filosofía Política en la Universidad del Cauca, en Popayán, donde dictó clases e hizo investigaciones durante un periodo de más de treinta años y publicó varios libros, incluido Satanización del socialismo y del comunismo en Colombia 1930-1953 (2007), una historia de la persecución de la izquierda durante la primera mitad del siglo XX. David Gow fue profesor de Antropología y Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington, en Washington, D. C. Desde 1995 está haciendo investigaciones en el Cauca y es el autor del libro Replanteando el desarrollo: modernidad indígena e imaginación moral (2010), un estudio de los nasas de Tierradentro, que fueron desplazados después del desastre del río Páez, en 1994.

Los dos se encontraron por primera vez en 2000, durante el noveno aniversario de la desmovilización de los quintines, los miembros del MAQL, cuando Jaramillo moderó una mesa redonda. Este evento sucedió cuando los elementos progresistas en el departamento estaban buscando un candidato para proponer en las próximas elecciones de octubre. Escogieron a Tunubalá, y Jaramillo se dedicó a trabajar como su consejero, con mayor responsabilidad en el Plan Alterno.

Gow empezó este estudio en 2005 con el objetivo original de plantear una serie de preguntas relacionadas con la gobernación de Tunubalá, algunas de las cuales intenta contestar este libro. Jaramillo fue la primera persona con quien habló y entrevistó. Un proceso que continuó durante los siguientes años y evolucionó a partir de una extracción unilateral de información, a una de colaboración, de conversación, discusión y diálogo continuo.

Como la investigación se adelantaba, se hizo muy evidente que Jaramillo tenía tanto interés como Gow en escribir un libro sobre Tunubalá y su gobierno, uno que describiera y analizara esta experiencia única para un público colombiano. Acordaron escribirlo juntos, y el objetivo era siempre publicarlo primero en español.

Como alguien que había participado activamente en todo el proceso, Jaramillo demostró un conocimiento profundo de cuanto había pasado. Al contrario, Gow conocía y entendía muy poco y se sentía obligado a iniciar desde “cero”, por así decirlo. Esto implicó entrevistas con el gobernador y los miembros de su gabinete, los miembros del BSA y los diputados en la Asamblea Departamental. Se realizó investigación de archivo en la Gobernación y la Asamblea Departamental. Se consultaron los periódicos de la época en Popayán y Bogotá. También se revisaron por internet los informes del gobierno nacional sobre el desempeño fiscal del departamento, así como sobre los sectores de educación y de salud. Los dos autores compartieron y discutieron todas estas fuentes de información. Además, Jaramillo compartió con gusto su conocimiento del Cauca y sus percepciones y su comprensión, así como su biblioteca y varios informes relevantes. También ayudó a Gow a contactarse con gente interesada e interesante en el Cauca, incluido el arzobispo.

Pero solo cuando llegó el momento de escribir, las diferencias y las complementariedades entre los dos autores se evidenciaron. Fue el momento en que empezaron a luchar con los desafíos de escribir un libro que trataba de un gobernador controversial, uno que fuera interesante, sugestivo, accesible, académicamente respetable, razonablemente objetivo y diseñado para llegar a un público amplio en Colombia.

Hubo discusiones muy largas sobre los desafíos y los problemas que caracterizan cualquier tipo de investigación; pero que son sumamente relevantes y potencialmente problemáticos en esfuerzos colaborativos como este. Por ejemplo, sobre los temas que se iban a incluir y los que se iban a excluir, dado que el estudio no se diseñó para ser omnicomprensivo y cubrir todas las facetas del gobierno de Tunubalá. Tuvieron que pensar cuidadosamente, desde su propia perspectiva, cuáles eran los temas relevantes y más interesantes y dónde iban a conseguir los datos y la información para presentar un argumento convincente. Tuvieron que ponerse de acuerdo sobre lo que podría decirse y lo que debería dejarse sin decir, considerando que muchos de los actores están vivos y siguen viviendo en el Cauca y alguien que habla —o escribe— francamente sin pelos en la lengua puede correr mucho riesgo para sí mismo y los demás. Tuvieron que pensar en el tipo de pruebas que justificaran los argumentos formulados, y decidieron utilizar una combinación de información

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